La renuncia de Jaime Cárdenas al Indep la semana pasada, trajo al debate coyuntural un viejo tema de estudio de la ciencia política, que es la tensión que se presenta entre la autonomía de los aparatos burocráticos y el control de los políticos electos sobre las decisiones de política pública. Una de las razones de la renuncia, expuesta en una carta pública y en entrevistas para medios de comunicación, fue el conflicto entre el cumplimiento de las normas administrativas y el logro de objetivos políticos. Enfrentado al dilema de cumplir instrucciones superiores o atender la letra de la ley y reglamentos, Cárdenas prefirió renunciar. Se trata de una vieja discusión sobre la que no hay consenso en la literatura sobre administración pública. Por un lado, la literatura desarrollista apoya la edificación de una burocracia profesional y políticamente autónoma, que ayude a atemperar con datos y argumentos técnicos los impulsos políticos irracionales de los funcionarios electos. Por otro, la teoría basada en elección racional y en el problema agente-principal, sugiere una mayor supervisión de los políticos sobre los burócratas para evitar la corrupción y encauzar su trabajo hacia el logro de resultados.
Hay muchos ejemplos de la tensión entre las necesidades políticas y la realidad normativa. Tal vez uno de ellos, muy citado en México cuando se intenta explicar nuestra falta de apego a la ley, es la fórmula de "acátese pero no se cumpla", que se usó durante la etapa colonial para darle la vuelta a leyes y normas impuestas por la Corona Española y por tanto legítimas, pero que no eran viables de ser aplicadas aquí por contradecir leyes y normas locales o bien, usos y costumbres muy arraigados.
"En términos de crecimiento económico –escribió el politólogo de Harvard Samuel P. Huntington en 1968–, la única cosa peor que una sociedad con una burocracia rígida, sobrecentralizada y corrupta, es una sociedad con una burocracia rígida, sobrecentralizada y honesta". Huntington argumentaba que el cumplimiento irrestricto de un entramado normativo farragoso, impenetrable y selvático por una burocracia inconmovible, era un obstáculo para el desarrollo del comercio y en general, para el crecimiento económico de un país. La corrupción en estos casos, dice Huntington, tiene un papel funcional, pues opera como una especie de aceite lubricante que ayuda a echar a andar las pesadas y oxidadas ruedas de la maquinaria burocrática; cumplir con la norma en estos casos, es condenar al gobierno a la inmovilidad. La visión de corrupción o de la violación a las normas como 'aceite' para que las cosas sucedan ha sido ampliamente rebatida con razón por activistas y expertos anticorrupción, aunque existen situaciones específicas en donde la violación a la norma no solamente es aceite, es una necesidad de supervivencia. Un ejemplo clarísimo es Cuba, en donde las normas y controles han provocado que la mayor parte de los alimentos y bienes de consumo que compra la poblacion de la isla provengan de un robusto mercado negro, bastante tolerado por las propias autoridades. En un artículo publicado en la revista Harper's en 2010 ('Thirty days as a Cuban'), Patrick Symmes relata su experiencia viviendo en Cuba alimentándose exclusivamente con las raciones de alimento oficiales. En un mes (enero) bajó seis kilos y calculó que si seguía con esa dieta, para el otoño moriría de inanición. Su experiencia lleva a concluir que probablemente la población entera de Cuba tiene acceso abierto a alimentos que se comercian gracias a la corrupción y el mercado negro.
En los noventas se hizo muy popular el trabajo del peruano Hernando de Soto, sobre cómo la tramitología impedía el despliegue del capitalismo y la creación de riqueza en países en desarrollo. De Soto encontró que para abrir una fábrica en Perú se requerían 278 días laborales (ocho horas cada día) de trámites. Para abrir una panadería en Egipto, 548 días. Y no solamente se trata de la incomodidad de hacer trámites, sino de la relación del gobierno con los ciudadanos y la estabilidad de la sociedad. Si consideramos que el movimiento conocido como la Pimavera Árabe inició originalmente cuando un vendedor callejero en Túnez se inmoló por la dificultad para obtener un permiso, la burocracia y el exceso normativo se convierten en temas de la mayor seriedad.
En el caso de la renuncia en el Indep, creo que se trata de un dilema falso: la ley y las normas deben cumplirse, aunque eso signifique retrasar o cancelar objetivos políticos. Colocar a alguien en el trance de optar entre atender instrucciones políticas superiores o cumplir con la ley, no solamente es injusto, pues deja al funcionario expuesto a ser sancionado, sino también abiertamente contradictorio con la intención del gobierno de combatir la corrupción y por tanto, de acabar con las violaciones normativas de los servidores públicos. Más aún, si consideramos que el gobierno y su partido mantienen un fuerte control en el Congreso, está claro que se podrían cambiar leyes y reglamentos a voluntad para asegurar el cumplimiento normativo de las decisiones de política pública y actuar con mayor libertad. Tal vez este caso representa una oportunidad para impulsar una revisión integral del marco normativo con el que opera la burocracia federal. No sólo es posible sino deseable eliminar, mejorar y sistematizar trámites para liberar a ciudadanos y al propio gobierno de la camisa de fuerza que se ha colocado a sí mismo a lo largo de décadas de crecimiento de una espinosa nopalera de normas y procesos, que a la luz del desarrollo tecnológico y la digitalización, podrían eliminarse.