La comunidad anticorrupción se encuentra desde hace un tiempo en una etapa de revisión, autocrítica y replanteamiento de lo que se ha logrado –que no ha sido mucho–, y de lo que se debería hacer en el futuro para mejorar sus resultados. Desde la 'explosión' del interés por la corrupción como problema de política pública a principio de los años 90, el tema pasó de ser la preocupación exclusiva de un reducido puñado de académicos y activistas, a ocupar un lugar dominante en la agenda pública global. Hoy, en cambio, existe un ancho abanico de oficinas de gobierno, programas académicos, organizaciones de la sociedad civil, tratados internacionales, leyes, iniciativas para el desarrollo de organismos de cooperación y una variada oferta de conferencias internacionales, así como cumbres regionales o globales a las que frecuentemente asisten líderes políticos que se toman una foto y firman ambiciosas declaraciones. Eso es lo que Michael Johnston llama la "industria anticorrupción" (The conundrum of corruption: reform for social justice, Michael Johnston y Scott Fritzen, Routledge, 2021).
No hay duda –dice Johnston– de que en los treinta años desde que arrancó el interés por las políticas anticorrupción hubo avances muy claros y que la realidad ha cambiado mucho. Hemos visto el desarrollo de múltiples iniciativas y reformas impulsadas por organismos internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil; tenemos ahora un vasto compendio de información, datos y conocimiento nuevo sobre corrupción; hemos logrado crear una nueva conciencia global sobre el daño que la corrupción hace a los países y se ha creado una red activa de organizaciones e investigadores. Sólo el reconocimiento actual de que la corrupción es un problema que no puede postergarse, en comparación con el desdén oscurantista del pasado, representa un avance importante. Tampoco es posible negar que salvo algunas excepciones, en la mayoría de los países no se han registrado avances importantes en el combate a la corrupción.
Johnston advierte que el paradigma dominante en el control de la corrupción de los últimos 30 años se ha centrado en la repetición de soluciones, remedios, ideas y terminologías que siguen reflejando la realidad de los años 90, útiles en su momento, pero que han dejado de tener vinculación con la actualidad. Cada vez es más evidente que tratar de comprimir la complejidad y diversidad regional de la corrupción en índices que comparan países no es útil para armar una agenda específica de acciones. Conceptos y políticas como transparencia, acceso a la información, voluntad política, sociedad civil, problema agente-principal, análisis costo-beneficio, arquitectura constitucional, manuales, guías, cajas de herramientas, se han convertido en un edificio de nociones repetitivas, que no reconocen la realidad de cada país, que cada vez se relacionan menos con la realidad y que es necesario cuestionar.
Con el paso del tiempo, las iniciativas anticorrupción se han institucionalizado y lo que en un principio fue un 'movimiento' integrado por una suerte de coalición heterogénea y amplia de personas y organizaciones reunidas con el interés común de entender y combatir la corrupción, se ha convertido en una 'industria'. La "industria anticorrupción" es un conjunto de intereses y organizaciones que existen con independencia del problema de corrupción; es un régimen que se sirve de sí mismo, que goza de vida propia y que se mantiene con la elaboración de políticas, iniciativas, convenciones, cursos de capacitación, índices, programas y actividades para promover la transparencia y la integridad en el sector público. La industria anticorrupción.
Johnston describe un problema doble: las limitaciones de una agenda de políticas y propuestas que está agotada, cansada y ha dejado de ser útil; en segundo lugar, la existencia de una industria anticorrupción que ha perdido de vista los objetivos reales de su tarea y que ha desarrollado una agenda de intereses más vinculada a su propia supervivencia. El reto que se plantea –y que el libro de Johnston no resuelve– es muy importante, casi existencial para el movimiento anticorrupción. Tiene que ver con abandonar muchas de las ideas que han dominado la agenda anticorrupción en los últimos años. Tiene que ver con el reconocimiento de que la respuesta de los gobiernos al problema de la corrupción no puede ser la simple adopción de mejores prácticas, sino su integración con otras políticas que en última instancia persiguen la justicia económica y social. Como ha dicho Daniel Kaufmann, el combate a la corrupción no puede ser sólo el combate a la corrupción. Y tiene que ver finalmente con el reconocimiento de que los resultados solo serán posibles en el largo plazo.