El sueño guatemalteco
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El sueño guatemalteco

08/10/2019

Hace unos días, el 3 de septiembre, terminó el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG era un organismo que el gobierno de Guatemala acordó crear en un convenio firmado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 2006 , y que entró en pleno funcionamiento en septiembre de 2007. La idea detrás de la creación de la CICIG era al mismo tiempo, innovadora y audaz. Se trataba de crear un órgano internacional e independiente del gobierno de Guatemala que apoyara los esfuerzos de ese país para fortalecer las instituciones responsables de la investigación y procesos relacionados con delitos cometidos por los llamados “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” (CIACS), grupos criminales y políticos corruptos.

Durante los años que funcionó, dirigida primero por el español Carlos Castresana y después por el colombiano Iván Velásquez, y bajo cualquier evaluación, la CICIG tuvo un éxito notable. En poco menos de 12 años, la CICIG logró identificar unos 60 grupos delictivos, procesó a 680 personas involucradas en redes de corrupción, y logró 310 condenas. Los expresidentes Otto Pérez Molina y Álvaro Colom fueron procesados por corrupción, al igual que muchos militares, alcaldes, magistrados y empresarios investigados también por corrupción, o por sus vínculos con el crimen organizado, y que bajo el pacto de impunidad previo a la aparición de la CICIG, parecían ser intocables. El éxito de la CICIG puso a Guatemala en la vanguardia en cuanto a estrategias para el combate a la corrupción y la impunidad, además de que logró ganarse el apoyo de la población, por lo que el convenio que contemplaba el apoyo de la ONU para fondearla y colaborar en su operación fue prorrogado por el gobierno de Guatemala hasta el 3 de septiembre de 2019, con la posibilidad de continuar. Sin embargo, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, decidió dar por terminado el convenio con la ONU y descartó la posibilidad de una nueva prórroga para la CICIG, con lo que este experimento termina paradójicamente debido a una de las razones que motivó su creación: por la falta de voluntad y apoyo político para combatir la corrupción y la impunidad.

La importancia de la CICIG para el combate a la corrupción es que significó la materialización de un conjunto propuestas que sostienen la necesidad de crear organismos independientes o internacionales que se encarguen de investigar y sancionar la corrupción en aquellos países que por debilidad institucional o por carecer de voluntad real para combatir la corrupción, han fallado en esa tarea. La creación y éxito de la CICIG incentivó otras propuestas parecidas. En 2014, un conjunto de organizaciones internacionales de la sociedad civil como Transparency International, Human Rights Watch, Global Witness y otras, propusieron la creación de una Corte Internacional Anticorrupción. A esa familia de propuestas pertenece nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, propuesto originalmente en 2014 y creado para actuar con independencia frente a la corrupción, pero que trabaja hoy en medio de un ambiente político hostil y con una debilidad legal y operativa que no le ha permitido dar resultados ni de lejos parecidos a los que dio la CICIG durante su existencia.

Hace unos meses, a instancias de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, visitó nuestro país el juez de distrito del Estado de Massachusetts, Mark L. Wolf, uno de los principales promotores de la creación de una Corte Internacional Anticorrupción, para sostener reuniones con expertos y personas preocupadas por la corrupción en México. Fui invitado a una de esas reuniones y le dije entonces al juez, como lo sigo pensando hoy, que veo difícil que México apoye una propuesta como esa en este momento.

Una propuesta innovadora y audaz como la que él empuja sólo puede prosperar en presencia de un fuerte apoyo político, como el que mantuvo viva a la CICIG durante 12 años en Guatemala, en lo que fue una especie de sueño guatemalteco hecho realidad, pero que fue efímero. Lo que le dije al juez en aquel momento es que a pesar de que se habla mucho sobre combatir la corrupción, no se aprecia que exista en este momento interés por apoyar mecanismos independientes para el combate a la corrupción que limiten la posibilidad de que el gobierno se cuelgue las medallas en caso de que haya avances, o que se deje en manos de instituciones internacionales las investigaciones de corrupción de integrantes de la actual administración.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.