Gobernar sin consenso
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Gobernar sin consenso

27/08/2019

Gobernar en democracia es muy complicado. Llevamos más de dos mil quinientos años discutiendo cómo hacerlo. Hay muchas formas de ver que la democracia y la discusión ya milenaria sobre esas visiones no han terminado. Giovanni Sartori decía que hablar de democracia es iniciar un debate cuya naturaleza es permanecer en el tiempo y quedar siempre inacabado (ad infinitum; ad indefinitum). Yéndonos a lo más básico, tal vez podríamos convenir en que las democracias son aquellas que escogen a sus gobiernos por medio de elecciones libres y universales bajo la regla de mayoría, y en la que los gobernantes ejercen el poder por medio de la representación política.

Las democracias son también sistemas en los que se gobierna en consenso. Al igual que el concepto de democracia, consenso es un término muy polémico. Digamos que gobernar con el consenso de los ciudadanos implica que los gobernantes toman en cuenta la opinión de los ciudadanos para valorar sus decisiones, lo cual involucra reunir todas las opiniones y no solamente las de las mayorías. Es verdad que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero una definición más completa debe recordar que democracia es también el gobierno en el que las mayorías se autolimitan para proteger los derechos de las minorías. Un gobierno electo con muchos votos puede ser mayoritario y en ese sentido tener mucha legitimidad, pero no puede ser un gobierno sin límites. El mandato de las urnas no es incondicional. No se puede hablar de democracia si no existe el derecho de las minorías a expresarse y a ser escuchados. Es importante subrayar lo anterior porque gobernar en democracia es gobernar en un entorno de disensos, de discrepancia y de oposiciones. En las democracias hay un acuerdo en lo fundamental –como decía Mariano Otero– sobre los valores y procedimientos de la democracia. Pero también implica la existencia de posiciones distintas sobre asuntos específicos, que todas esas opiniones se asuman como válidas, se discutan y se afinen para crear consensos que se traducen en acciones de gobierno o cambios legales. En ese proceso dinámico, dice Sartori, el conflicto entre quienes disienten no es lo central; lo principal es la creación de consensos que faciliten y ayuden a fortalecer la democracia.

La discusión pública que llevó a la reforma electoral de 1996 y a la creación del IFE-INE es un buen ejemplo de cómo el poder de la opinión pública y la participación de diversos sectores como los partidos políticos, organizaciones de empresarios, organizaciones sociales, la academia y medios de comunicación reunidos en una discusión amplia, se convierte en consensos políticos que impulsan acciones de gobierno y cambios institucionales. Algo parecido puede decirse del debate impulsado por el Grupo Oaxaca, que culminó con la Ley de Acceso a la Información y la creación del IFAI-INAI. Cambios como esos y otros que han sido fruto de la creación democrática de consensos se han dado en ocasiones en contra de la voluntad del gobierno. Y es que, aunque un gobierno haya sido electo democráticamente, eso no lo hace inmune al error, ni tampoco liberan a sus decisiones o planes de ser revisados y cuestionados por la opinión pública.

No siempre los gobiernos buscan crear consensos para sustentar sus decisiones. Durante la pasada administración, la ausencia de una respuesta adecuada y congruente del gobierno ante los escándalos de corrupción rompió con la posibilidad de crear un consenso sobre ese tema. No obstante, la discusión que se abrió a partir de esos escándalos en la opinión pública empujó la aprobación de reformas institucionales que culminaron con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en un ejemplo de consenso político impulsado por la propia sociedad. Sin embargo, y a pesar de sus errores, hay que recordar que el gobierno de la pasada administración tuvo la habilidad de generar consensos que permitieron las reformas estructurales, destacadamente las relacionadas a la evaluación educativa y la reforma en materia energética.

Ningún gobierno está libre de impulsos que vayan en contra de la construcción de consensos. Como decíamos, gobernar en democracia es harto complicado. El gobierno actual, investido de una enorme legitimidad democrática y de una amplia aprobación, oscila entre decisiones que han sido muy celebradas y acciones que han enfrentado una fuerte oposición en la opinión pública y sobre las cuales es difícil hablar de consenso. La cancelación arbitraria del proyecto del aeropuerto de Texcoco, la militarización de la seguridad pública, la anulación de programas sociales sin respaldo en evidencia y los draconianos recortes al presupuesto del gobierno, son acciones en las que el gobierno ha decidido prescindir del consenso y apoyarse para su ejecución en la legitimidad democrática ganada en las elecciones de hace un año. Lo mismo puede decirse de la cancelación de las reformas estructurales, sobre las cuales existía ya una aceptación general.

Gobernar sin consensos no sólo es contrario a los valores democráticos, también debilita las decisiones de gobierno y las deja muy vulnerables ante futuros cambios en las preferencias electorales y en la aprobación del gobierno. La legitimidad de un gobierno no solamente deriva de las elecciones, también se gana en el gobierno y en la forma de tomar decisiones.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.