Ningún sistema educativo del mundo estaba preparado para la pandemia que estamos viviendo. La necesidad imperiosa de cerrar masivamente planteles escolares y de transitar a diversas modalidades de educación a distancia a fin de contener la propagación del virus nos tomó a todos por sorpresa. Encima, tuvimos que apagar la luz en las escuelas y enviar a niños y jóvenes a sus casas prácticamente de un día para el otro. Una disrupción mayúscula, anidada, por lo demás, dentro de otras muchas disrupciones sociales gigantescas.
Como en tantos otros ámbitos de la vida social, en lo educativo, la crisis sanitaria global está desnudando nuestras fragilidades y nuestras profundas desigualdades. Hago votos para que esta crisis también nos permita activar nuestras fortalezas y convocar toda la creatividad, el conocimiento y la solidaridad requeridos para remontarla al menor costo humano y económico posible.
Los desafíos que le plantea al sistema educativo mexicano el Covid-19 son múltiples y son enormes. Los más grandes y urgentes son, evidentemente, los que conciernen a las poblaciones más vulnerables. Destacan muy especialmente, los retos vinculados a minimizar el daño que el cierre de los centros escolares conlleva para las niñas y los niños, particularmente (aunque no solo) para aquellos ubicados en los sectores sociales con mayores carencias.
La escuela, como está resultando aparatosamente visible estos días, no sólo se ocupa de impartir o promover aprendizajes. También y antes que nada, la escuela les ofrece a millones de niños y niñas alimentación, así como un conjunto de horas en un espacio seguro que contribuye a organizar y estructurar la vida regular de las familias. Los costos más importantes que plantea el cierre de planteles escolares para amplísimos segmentos de la población mexicana son dos. Primero, la interrupción del acceso al desayuno escolar mismo que, para millones de niños, constituye el único o el más importante alimento del día. Segundo, la suspensión de clases y la transición a 'la escuela en casa' en el contexto del distanciamiento social y la contracción económica, está imponiéndole a las familias –en especial, a las madres– nuevas tareas y mayores restricciones temporales para hacerle frente a sus ineludibles obligaciones laborales. Esto último, muy probablemente, está tensando ya y seguramente irá tensando cada vez más la convivencia al interior de los hogares abriendo, con ello, espacios crecientes para la violencia doméstica en contra de las mujeres, los niños y los jóvenes.
De lo anterior se derivan, para el futuro inmediato, dos tareas urgentes.
La primera sería encontrar la manera de que los niños y niñas mexican@s que dependen del desayuno escolar puedan contar con ese desayuno o bien con los recursos para costear ese alimento básico. En Argentina, por ejemplo, los centros escolares suspendieron actividades escolares al igual que en México, pero abren unas horas en la mañana para que los alumnos más jóvenes puedan acceder a su desayuno. Habría que instrumentar una medida similar o alguna capaz de sustituirla, y hacerlo a la brevedad posible.
La segunda tarea de máxima urgencia tiene que ver con diseñar e instrumentar acciones de emergencia para buscar evitar que el cierre de escuelas termine contribuyendo a una escalada de violencia –de por sí alta y muy extendida– al interior de los hogares mexicanos. Para este tema no hay un 'bala mágica' capaz, a través de una sola medida, de resolver el problema. Habrá que generar paquetes de acciones y recursos, tanto gubernamentales como sociales.
De entrada, sin embargo, algo que podría servir para minimizar los posibles efectos del cierre de escuelas sobre la violencia doméstica sería reducir la presión sobre las comunidades escolares (directivos, docentes, madres y padres de familia y estudiantes) que están generando diversas exigencias y algunas incertidumbres clave en esta transición generalizada a la 'educación en casa'. Al respecto, convendría limitar y administrar de mejor manera la exigencia a docentes y directivos por parte de las autoridades educativas de aportar 'evidencias' de que los docentes están dando clases o dejando tareas, y que los estudiantes las están llevando a cabo. En la parte de incertidumbres clave, resultaría muy útil para despresurizar las cosas, que las autoridades educativas nacionales despejaran a la brevedad posible las incógnitas sobre qué va a pasar con la acreditación de los ciclos y grados escolares frente a la emergencia sanitaria, al menos, en lo que concierne a educación básica –preescolar, primaria y secundaria. Al respecto mi posición es que lo más razonable sería (reitero, para el caso de educación básica) tranquilizar a todos los integrantes de las comunidades escolares anunciando que los estudiantes acreditarán el grado escolar que cursan. Dicha acreditación podría darse de distintas formas que van desde acreditación sin requisitos, acompañado de tareas a los docentes y directivos para generar planes de cómo habrá de cubrirse lo no visto en estos meses, hasta la presentación de un proyecto o un breve examen centrado en aprendizajes básicos del grado escolar a ser acreditado.
Toca actuar ya para limitar los daños sociales del cierre de escuelas que nos ha exigido la mitigación de los costos de la pandemia. Convendría hacerlo desde el gobierno. Pero, si este se dilata en tomar la batuta, habrá que entrarle todos, cada quien con lo que pueda.