Leyes secundarias en educación: movimientos pendulares
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Leyes secundarias en educación: movimientos pendulares

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Leyes secundarias en educación: movimientos pendulares

25/09/2019
Actualización 25/09/2019 - 14:04

La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de nuevas leyes secundarias en materia educativa ha sido objeto de muchas críticas. Empiezo por discutir aquí dos que cuya validez me resulta transparente. Dejo para el final una reflexión sobre la crítica global más recurrente según la cual estas nuevas leyes sepultan la 'buena' reforma impulsada por el gobierno anterior, implican un retorno al statu quo previo a la reforma del 2012-13 dominado por el magisterio organizado, y condenan a los niños y los jóvenes mexicanos a una educación pública persistentemente deficiente.

Conviene señalar, de entrada, que el objeto principal de la reforma 'educativa' impulsada por el nuevo gobierno no atañe a lo educativo como tal, es decir a lo que ocurre o tendría que ocurrir entre docentes y estudiantes dentro de las aulas para que los segundos adquieran un determinado conjunto de conocimientos, destrezas y valores. Concierne al entramado de reglas e instituciones formales que gobiernan al sistema educativo nacional y, muy especialmente, a los procesos de acceso, promoción y permanencia del personal docente.

Un primer problema grave de las leyes secundarias aprobadas el viernes pasado en Diputados, observado ya por numerosos actores y analistas, es la inconsistencia entre el texto del artículo 3º constitucional que mandata igualdad de condiciones entre los aspirantes a ingresar a la carrera docente que cumplan los requisitos estipulados y la prioridad que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros para acceder a esas plazas a los egresados de las Normales, la UPN y los Centros de Actualización del Magisterio. Tal preferencia violenta un principio fundamental consignado en el texto constitucional y, más allá de cualquier otro efecto nocivo posible, debe ser objetado por esa sola razón. El análisis de Manuel Gil Antón al respecto es claro y contundente.

Un segundo cuestionamiento obligado, como detalló Ricardo Raphael en su artículo reciente sobre el tema, se refiere a que el proceso de aprobación en la Cámara de Diputados no cumplió con los procedimientos establecidos ni con los tiempos mínimos indispensables para una deliberación informada y responsable. Tales fallas resultan muy serias, pues, al igual que en el primer caso, comprometen la validez legal de los ordenamientos aprobados y atentan contra los mínimos de certidumbre que demandan las normas jurídicas para contribuir a ordenar y a hacer previsible la vida en sociedad.

Sobre las críticas según las cuales las nuevas leyes secundarias constituyen una contrarreforma completa, una cesión también completa frente a las presiones de la CNTE, y una condena irremediable de los estudiantes mexicanos a una educación de mala calidad, algunas preguntas y reflexiones.

La primera duda que me surge es si una 'buena' reforma educativa no tendría que, además de procurar ser técnicamente sólida, buscar asegurar su sustentabilidad política dado que no puede lograr sus objetivos si no perdura. Más allá de lo técnico, es claro que la reforma de Peña Nieto no concitó apoyo suficiente entre personal educativo, padres de familia y ciudadanos para perdurar. De hecho, generó pocos avances en resultados educativos y produjo una poderosa reacción social y política adversa que contribuyó al triunfo de AMLO en el 2018. En parte, pues no se ocupó de convencer directamente a los maestros y, en parte, por la insuficiente demanda efectiva por educación de calidad en una sociedad tan rígidamente desigual como la mexicana.

Más concretamente, ¿las nuevas leyes secundarias nos regresan al México pre-2013 en el que el magisterio organizado –SNTE y CNTE– dominaba la gestión de las plazas docentes? Sin duda, los nuevos ordenamientos le devuelven al sindicato el poder que había perdido con la eliminación de las comisiones mixtas, integradas a partes iguales por gobierno y sindicato, y, con frecuencia, dominadas por el segundo dada su colonización progresiva de las burocracias educativas gubernamentales. Las nuevas leyes, sin embargo, establecen para la administración de las plazas docentes comisiones tripartititas integradas por gobierno federal, gobiernos estatales y sindicatos, con lo cual, si bien le devuelven poder al sindicato, al menos en lo formal, este es menor al que tenía antes de 2013.

La reforma educativa de Peña Nieto no se ocupó suficientemente de asegurar su sustentabilidad social y política, no produjo beneficios claros en aprendizajes, y terminó provocando una fortísima reacción pendular que la arrasó casi completa. El proceso de transformación legal e institucional en curso se fue al otro extremo. Ha cuidado poco los aspectos técnicos y le ha dado máxima prioridad a su procesabilidad y sustentabilidad política. Las consecuencias de este segundo movimiento del péndulo son aún inciertas. Hay indicios fuertes de costos, retrocesos y riesgos. El privilegiar la concertación también pudiera, sin embargo, abrir oportunidades para transitar hacia un sistema educativo más capaz de responder a las particularidades del contexto mexicano y, con ello, lograr ir conciliando de forma gradual y de mejor manera que hasta ahora los derechos e intereses legítimos de los alumnos y los maestros, así como las tensiones entre acceso universal, equidad y calidad educativas.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.