Las huestes del presidente ya no saben qué hacer para zafarse de la autoimpuesta camisa de fuerza que se colocaron al votar la reforma constitucional en materia de revocación de mandato y su ley reglamentaria. Ellos son los que –parece ser que más por tradición que por razón– impusieron esta absurda veda que hace que los funcionarios de gobierno no puedan hablar de nada ni de nadie que se pueda llegar a parecer a una publicidad de cuestiones gubernamentales, según se puede leer en el artículo 37 fracción IX inciso 7 de la Constitución y en el artículo 33 párrafos 5 y 6 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Estas disposiciones fueron redactadas, discutidas y votadas durante la presente administración en la que Morena contaba, desde entonces, con una amplia mayoría junto con sus aliados políticos en el Congreso de la Unión, por lo que desde siempre estuvieron enterados del contenido de las disposiciones que ahora condenan. En verdad es como ver una película de Cantinflas o de Fellini. El patético presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna –cuya ignorancia jurídico constitucional no deja de sorprender por lo amplia que es–, ahora ha interpuesto una controversia constitucional contra el acuerdo del INE por el que impone medidas cautelares para evitar que se haga difusión de programas públicos previamente a la revocación de mandato. La cosa es que esta acción judicial intentada, no encuadra dentro de las que prevé el artículo 105 constitucional y, por lo tanto, es de esperarse que sea desechada y la tenga que presentar ante quien realmente es competente, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde previsiblemente también la echarán abajo.
Independientemente de las limitaciones jurídicas del presidente del Congreso, la realidad es que esta figura de la veda parece generar cada vez más consenso respecto a la necesidad de su aclaración, modificación o desaparición por la gran cantidad de confusiones que genera, tanto en el sector público como en algunos medios de comunicación. La interpretación que se hace de lo que abarca la veda es tan extensa o restringida como lo quiera ver el intérprete y, por ello, se afecta de manera importante también la capacidad y el derecho de información sobre diversos tópicos que atañen lo “público” y que se llegan a confundir con lo “electoral”.
Es así que ante la falta de definiciones y con la finalidad de evitar las sanciones que impone la ley, algunos medios de comunicación optan por dejar de transmitir contenidos que pueden realmente ser de interés público para evitar ser sancionados por las autoridades electorales. Esto trae consigo una afectación a los derechos ciudadanos a la información, y lo peor es que se trata de autocensura de medios que interpretan esta veda según sus propias definiciones o experiencias. Por una razón de claridad se debe definir sin lugar a dudas, lo que sí se considera en la veda o, mejor aún, eliminarla ante la incertidumbre que genera esta figura. De lo contrario, acciones ridículas como las de Sergio Gutiérrez Luna pueden generalizarse así como la autocensura de medios de comunicación, y eso va en detrimento de la propia democracia. Tal vez los legisladores no solo deberían levantar el dedo según les ordenan desde Palacio Nacional, sino también leer y –lo más importante– comprender lo que están votando y así se evitarían seguir haciendo el ridículo.
EN ANEXO
Dentro del mundo de las estafas que hemos denunciado en este espacio, se encuentran la de GACS Event Funds en México y Arbistar en España. Pues parece ser que este tipo de “negocios” se comienzan a popularizar en otras latitudes, como es el caso de MemoTrade en Honduras, en el que parece que muy pronto habrá noticias de algunos acusados que tendrán que enfrentar a la justicia de dicho país y quienes, ante el cambio de gobierno, perdieron a todos los aliados que los mantuvieron en la impunidad por muchos años.