Es evidente que el fracaso que tuvo la iniciativa del PRI para reformar el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional en que se creó la Guardia Nacional ha tenido muchas consecuencias que no se observan a simple vista. Pareciera ser un triunfo para el presidente López Obrador, ya que logró desarticular la alianza opositora en un tiempo preciso de cara a los comicios locales de 2023 y a los federales de 2024. Cuesta trabajo imaginar al PAN y al PRD volver a confiar en el PRI que encabeza Alejandro Moreno Alito, quien al parecer vendió su alma por un plato de lentejas. Eso que le funcionó en la Cámara de Diputados no corrió la misma suerte en el Senado, lo que obligó a la bancada de MORENA y al gobierno federal a entablar negociaciones con los opositores a efecto de consensar una reforma constitucional que permita que los militares continúen apoyando en tareas de seguridad hasta el año 2028.
¿Pero entonces cuál es el sentido de hacer una “no consulta” sobre la permanencia del ejército en las calles? Además de lo que ya todos saben -empezando por el propio presidente- que dicha consulta es anticonstitucional, se trata en realidad de un esfuerzo del gobierno de AMLO de evitar que la población civil pierda la confianza y hasta el cariño que le tiene al Ejército. No cabe duda que las revelaciones que hizo Peniley Ramírez en Reforma sobre los documentos de la investigación de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa han tenido un grave impacto al conocerse la intervención del Ejército en los acontecimientos de septiembre de 2014, mismos que fueron ocultados y manipulados tanto por la administración de Peña Nieto como por la administración de López Obrador, con una evidente intención de salvar la cara de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, a López Obrador se le salió de las manos la narrativa y ahora hay sospechas de padres de familia, sociedad civil y analistas de que los militares tuvieron más que ver de lo que se ha reconocido. La “renuncia” del fiscal encargado del caso Ayotzinapa, por razones que no terminan de quedar claras, abona a la desconfianza sobre el manejo de este caso en la presente administración. La estrategia del gobierno será desactivar los riesgos de manchas en la imagen del Ejército, que tardó muchos años en quitarse después de los acontecimientos de Tlatelolco en 1968. López Obrador es un hombre muy astuto y sabe que no puede evitar que se pierda la confianza en las Fuerzas Armadas si lo hace a costa de los 43 normalistas. No es correcto, no es ético, no es humano y, sobre todo…no es conveniente desde el punto de vista político.
Así que tomó la decisión de convertir la derrota en el Senado en una oportunidad al convocar a una consultucha de cuarta para poder decirle al Ejército que el pueblo aún confía en ellos y que el terrible manejo de Alejandro Encinas al caso de los normalistas, no pasará de lo anecdótico. Es decir, le ofrecerá al Ejército el amor de la gente, el cariño del pueblo. Es por ello que aunque en el Senado se alcance un acuerdo con la oposición sobre la reforma al quinto transitorio, la “no consulta” seguirá y los resultados serán los que le acomoden al régimen para no distanciarse con los militares. ¿Y la justicia para los normalistas? Esa puede guardarse en un cajón hasta que sean necesarios para un nuevo lance político, al fin que resulta muy redituable para la ridícula izquierda que quiere militarizar el país. Increíble.
En anexo
Por más que busco, no encuentro ningún argumento para defender al papá del Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Lo que hizo ese señor es condenable y debe ser sancionado. Es indefendible.