Abogado experto en administración pública
Hace un poco más de dos años que en este mismo espacio denunciamos que la empresa denominada GACS Event Funds había engañado a varios inversionistas mediante diversas tramas que pretendían involucrar incluso a la casa de bolsa Vifarú y a diversos empresarios de reputación y seriedad para lograr que los confiados inversionistas hallaran seriedad en su proyecto y pusieran su patrimonio a disposición de esta empresa que lideraba –y tal vez siga lidereando– el Sr. Alberto Alonso. Como publicamos en este mismo espacio, la mencionada casa de bolsa se deslindó de dicha persona mediante una comunicación que nos envió en que aclaraba que el Sr. Alonso solamente era un proveedor de servicios informáticos, pero que nunca había formado parte de esta casa de bolsa. Parece ser que gracias a la confianza que como prestador de servicios tenía es que logró engañar a diversas personas a las que introdujo a las oficinas de dicha empresa para proyectar seriedad y solidez en su proyecto. Posteriormente, los llevaba a una especie de búnker en el sur de la ciudad, en la calle de Aguatón, donde tenía montado un dispositivo –impresionante, según dicen los que lo vieron– en el que con diversos servidores hacía demostraciones del funcionamiento de un software que podía hacer trading bursátil en microsegundos, aprovechando las ventajas del tiempo para lograr grandes rendimientos. Este personaje difundió su idea en algunos programas especializados en cadenas muy serias y, lo que parecía ser un gran invento, innovador y disruptivo, parece ser que resultó ser un engaño.
A raíz de la publicación de nuestro artículo hace un poco más de dos años, comenzamos a recibir todo tipo de comunicaciones de diversas personas que se identificaban con lo publicado y que no lograban hacer que se les respondiera por sus inversiones. Parece ser que esta empresa ya cerró sus puertas sin haber pagado rendimientos ni restituir las inversiones a los interesados, que se cuentan por decenas, o tal vez más. Existen inversionistas que se dicen estafados en muchos lugares de la República, especialmente en la CDMX, Guerrero y Estado de México. Muchos de estos inversionistas han intentado presentar denuncias ante las fiscalías locales de sus estados y también en la Fiscalía General de la República, pero hasta ahora, no han prosperado. Según nos cuentan los afectados, no existe siquiera una judicialización de estas denuncias, ni una sola ha llegado a los juzgados y denuncian que han tenido que recurrir a amparos y demás recursos legales para lograr que las fiscalías –incluida la FGR– den seguimiento a estas investigaciones.
Varios de los afectados consideran la posibilidad de conformar un frente común que logre hacer presión sobre las fiscalías para que se llegue al fondo de las denuncias presentadas y se logre castigar a los responsables y se les restituyan sus inversiones. Diversos despachos de abogados participan en los procesos legales, unos con más éxito que otros, pero de manera individual. La idea de los afectados de presentar este frente común se basa en la máxima de que “la unión hace la fuerza”. La presión social debe servir también para que los ciudadanos encuentren justicia y no sea éste, otro caso más de impunidad como tantos que a diario se viven en México.