En el debate presidencial del pasado domingo 28 de abril, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, dejó muchas preguntas y acusaciones sin responder ni explicar, con el falaz argumento de que todo eso (Línea 12, Colegio Rébsamen, contratos, corrupción documentada de su excónyuge en el momento en que sí eran cónyuges, etcétera), ya estaba debidamente aclarado. No dio pruebas de dichas aclaraciones, no dio argumentos sólidos de ello, sino que banalizó las imputaciones que se le hacen, no solo por Xóchitl Gálvez, sino por algunos analistas, periodistas y ciudadanía en general, y los dio por concluidos.
En el posdebate, Arturo Zaldívar, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco respondió –como no lo ha hecho aún de manera contundente– a las acusaciones o sospechas que derivan de una denuncia anónima presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también de artículos y libros muy documentados sobre su atroz, irresponsable e indolente manejo de la Corte para –según dicen– favorecer a intereses creados, no a la justicia. El argumento fue el mismo: “ya está aclarado” y a otra cosa mariposa.
El caso que pareciera ser más escabroso y escandaloso es el de Rocío Nahle, exsecretaria de Energía de esta administración, a quien un día sí y otro también se le descubren propiedades, inversiones, cuentas, a ella, sus familiares o su cónyuge, en lo que se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción de esta administración –lo que ya es mucho decir–. Ella también se sale por la tangente remitiendo a quienes la cuestionan por su declaración patrimonial. Esta declaración es hecha por ella y según parece, considera que le debemos de creer nada más porque sí. Punto y se acabó.
Sin embargo, lo que estos tres personajes ignoran o mejor dicho, pretenden ignorar es que al momento de protestar sus cargos hacen un juramento de guardar la Constitución y las leyes y, en ese juramento, facultan al pueblo o a la nación para que les pidamos cuentas al decir que si no respetan las leyes o no ven por la prosperidad del país, “que la nación me lo demande”. En el caso de la Ciudad de México, dice que “el pueblo me lo demande”. Este texto que juraron respetar estas personas se encuentra en los artículos 97 y 128 de la Constitución General de la República y en el 32 numeral 3 de la Constitución de la CDMX.
Pareciera ser que, una vez más, los funcionarios públicos hacen sus juramentos legales sin comprender lo que dicen o, tal vez, les valga madre, porque piensan que sus cargos y su poder será perpetuo y que nunca deberán rendirle cuentas a nadie.
Pero se olvidan de que cualquiera de nosotros –nación o pueblo– tenemos el derecho de pedirles explicaciones en cualquier lado: en mítines políticos, en programas de radio y televisión, en restaurantes, en la calle, en cualquier lado porque ellos dieron el permiso al decir “que la nación me lo demande”. Lo que sucede es que esa arrogancia y patanería que les caracteriza los hace sentirse como un estrato divino, superior, pero no lo son. Son exservidores públicos con la obligación de rendir cuentas, así que el día que usted se los tope –a estos o a cualquier funcionario– pídales cuentas, usted amable lector tiene el derecho y el permiso para hacerlo. Sí, que la nación se los demande y la nación, somos todos.