Cuando el presidente López Obrador tomó posesión el primero de diciembre del año 2018 juró lo que juran todos los presidentes: guardar y hacer guardar la Constitución. Sin embargo, como pasa a todos los que ocupan ese cargo, se le empezó a complicar el respeto 'absoluto' de una Constitución plagada de contradicciones y en ocasiones con poca claridad en cuanto a su interpretación, llegando al extremo de que en abril del año posterior, es decir, escasos cinco meses después de su juramento, envió a la administración pública que encabeza, un memorándum por el cual les instruía a no aplicar la llamada 'reforma educativa' que se hizo en el sexenio anterior. En esa ocasión hubieron múltiples extrañamientos a esta decisión que, evidentemente, era violatoria de la Carta Magna y una de las reacciones que causó mayor escozor fue la de Martí Batres –entonces presidente del Senado de la República- que argumentó que, mientras dicho memorándum no fuera declarado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mantenía su presunción de ser conforme a dicho ordenamiento. Y tenía razón. El artículo 105 constitucional establece los mecanismos para que una decisión sea valorada y declara como válida o violatoria de dicho texto, dando plazos y vías para su impugnación.
El control constitucional que establece la norma suprema fue incorporado tal y como lo conocemos actualmente, apenas en las postrimerías del siglo XX en el sexenio de Ernesto Zedillo en la reforma que hizo del Poder Judicial de la federación y que, en su momento, fue considerado como un auténtico golpe de Estado a ese poder. A pesar de que la manera en que se realizó esa reforma fue bastante desaseada, el resultado no lo fue, sino que, por el contrario, estableció de manera clara la forma en que se llevaría a cabo este procedimiento. Y eso ha estorbado a varios mandatarios que han preferido servirse de los huecos legales para llevar a cabo medidas francamente contrarias a la Constitución. Si bien es cierto en el ámbito legal, dichas acciones tienen la presunción de ser válidas, llama la atención que en la actual administración se repitan los vicios del pasado y se utilicen los mismos vacíos para lograr objetivos particulares del programa de la cuarta transformación. Sin embargo, hay normas que establecen prohibiciones absolutas y no sujetas a interpretación porque derivan directamente del texto constitucional, como lo es la que determina en el octavo párrafo del artículo 134, que en las propagandas difundidas bajo cualquier modalidad como comunicación social, no se podrán incluir nombres de servidores públicos que impliquen promoción personal. Por eso, la carta que envió el IMSS a los empresarios solicitantes de los créditos de solidaridad por veinticinco mil pesos y en la que llevaba como firmante a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, es una violación constitucional no sujeta a interpretación.
Pasó mucho tiempo para que los funcionarios públicos aceptaran que las obras que realicen en el ejercicio de sus funciones públicas, no se les pueden imputar a nadie en especial, sino a las instituciones que representan. Todos hemos visto que en los gobiernos del siglo XX era situación común que se hicieran grandes placas –algunas de las que aún subsisten- en que se agradece a un presidente, gobernador, presidente municipal u otros, por una obra o una política que hicieron en el ejercicio de sus cargos. El Estado mexicano dio un giro de ciento ochenta grados al establecer la prohibición de hacerse promoción personal, pero a López Obrador no le gustó ni le importó. Por eso, decidió violar abiertamente la Constitución para intentar recuperar a una parte del electorado que ha perdido de manera acelerada y parece ser, irreversible: las clases medias mexicanas. Por eso les envió una carta con su nombre para notificarles de estos créditos y guiñarles un ojo. Lo bueno es que hubo una rápida reacción del INE y del Tribunal Electoral al decidir que dicha carta no debía ser enviada por violar a esta normativa. No es cosa menor que se hayan opuesto a las tentaciones caudillescas del jefe del Ejecutivo y que le hayan recordado que este sigue siendo un país de instituciones, aunque la 4T se empeñe en destruirlas o por lo menos disminuirlas en beneficio del culto a la personalidad. En estos tiempos debemos recordar que fuimos un país de caudillos por muchos años con resultados grotescos y por ello, contar con instituciones iconoclastas como el INE y el Tribunal Electoral es una buena noticia. Habrá que estar atentos porque es posible que, en breve y de cara a las elecciones de 2021, comiencen los ataques en su contra. Será función de la ciudadanía defenderlas.