Dentro de los saldos que arrojará la crisis del Covid-19 en nuestro país, habrá que considerar la que se ocasionó a la ciudadanía en cuanto a la garantía de tener un acceso a la justicia pronta y expedita. Aún no se pondera en su justa dimensión el grave daño que habrá de ocasionar -o mejor dicho ya ocasionó- el cierre por más de tres meses de uno de los órganos fundamentales del Estado mexicano: el Poder Judicial. Mientras que los poderes Ejecutivo y Legislativo en todos sus niveles llevaron a cabo diversas actualizaciones y adaptaciones para no detener su funcionamiento, los Poderes Judiciales -tanto federal como de los estados- en su mayoría se quedaron prácticamente pasmados por la cuarentena. El impacto económico que habrá de tener este frenón en la impartición de justicia aún está por evaluarse, toda vez que en miles de juicios no hubo avance alguno perdiéndose cuatro meses fundamentales para la resolución de controversias y conflictos y que en algunos casos hacen francamente irrelevante su continuación.
Estos retrasos se traducen en pérdidas económicas, de empleos, de paz, de tranquilidad y de certidumbre que habrán de generar impactos sociales impredecibles en las personas y familias afectadas. Se dieron casos en que familias se vieron separadas porque el proceso de sus juicios no había llegado al momento en que un juez ordenara la convivencia de los menores hijos con sus padres. Un ejemplo es el del señor Jonathan Hernández, quien me escribió un correo electrónico en el que expone su situación, misma que se puede resumir de la siguiente manera: Mexicano, 38 años de edad, buen padre de familia quien decidió separarse de su pareja por razones de incompatibilidad de caracteres y otros motivos que expone. Refiere que desde el inicio de su separación, le fue muy complicado entablar contacto con su hija por diversos incumplimientos del convenio de visitas y convivencias por parte de la madre de la menor, situación que se ha intentado regularizar mediante la intervención de los juzgados. Sin embargo, el surgimiento del Covid-19 interrumpió el procedimiento que se ventila en el Juzgado Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México, por lo que lleva más de cinco meses sin tener contacto con su hija, ni siquiera mediante videoconferencia. Esta situación afecta al padre y a la menor, y llama la atención que no se hayan dado sino tímidos intentos de atender este tipo de casos, sin resultados contundentes.
El problema es que un Poder Judicial sin capacidad de actuar frente a una situación de cierre inesperado como la que estamos viviendo, se convierte en un lastre para una población necesitada de resolver sus diferencias dentro del marco de la ley y de manera pacífica. La falta de acción de un Poder Judicial anacrónico y atado al pasado, sin deseos de evolucionar hacia la aplicación tecnológica para avanzar así en la impartición de justicia es, por decir lo menos, desmoralizante para los afectados. Pero esta situación puede revertirse. Existen diversos países incluso en América Latina que desde hace varios años han adoptado los 'juicios en línea' que permiten la continuidad de los procedimientos de impartición de justicia incluso en situaciones de imponderables como la que se vive actualmente. El caso chileno es paradigmático .
Es urgente que el Poder Judicial, o mejor dicho los Poderes Judiciales, adopten de una vez por todas estas nuevas tecnologías de las que ya se tienen algunos antecedentes en los juicios contenciosos administrativos a efecto de prevenir que, en caso de nuevos rebrotes, no se detengan por meses de nueva cuenta las funciones de la impartición de justicia. Esta es sin duda una reforma que no puede esperar, ya que las consecuencias de no hacerlo son muy graves para una población que reconoce entre sus prioridades la necesidad de justicia y un auténtico Estado de derecho. Es una reforma inaplazable.