Las cosas están por cambiar en el sistema de ahorro para el retiro. Nuevas reglas podrían mejorar y sobre todo hacer viable nuestro esquema de inversión para la vejez, pero también podrían tener efectos muy delicados que, de adoptarse como están, harán que las instituciones que administran nuestros recursos compitan menos.
Desde hace muchos años están pendientes ajustes al sistema que requieren cambios legales, y por ello se está finalmente discutiendo una reforma a la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro que rige las actividades de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore). La reforma busca incentivar la competencia entre las Afore, ampliar las posibilidades de inversión de los fondos y ajustar la estructura de comisiones para alinear los incentivos de dichos fondos con los objetivos de los ahorradores. El dictamen se aprobó en días pasados en la Cámara de Diputados y ahora pasará a la Cámara de Senadores.
Los cambios legales pueden tener un enorme impacto en la forma en la que funciona ese mercado. Algunos parecen grandes avances, y nos ponen en una mejor situación a quienes tenemos una cuenta de Afore y dependeremos de ella para nuestros ingresos en el retiro. Por ejemplo, es de festejar que el Ejecutivo haya presentado esta iniciativa para mejorar el régimen en varios aspectos, en especial el de flexibilizar el sistema de inversión y permitir mayores opciones para el uso de los dineros de los trabajadores. Mientras más opciones tengan las Afore de invertir nuestro dinero, mejores rendimientos podríamos esperar en nuestras cuentas. Nosotros decidiremos a quien le encargamos nuestra cuenta dependiendo la comisión, el rendimiento y el servicio que nos ofrezcan.
Desgraciadamente, existen también algunos riesgos muy graves en lo aprobado por la cámara baja. En especial en cuestiones que por alguna extraña razón se metieron de última hora y pareciera que no fueron correctamente analizadas. Llama la atención que de última hora se hayan establecido límites artificiales a las comisiones de las Afore mediante una fórmula poco clara y que genera alto riesgo de desincentivar la competencia. La propuesta de último minuto contradice todo el objetivo de la reforma, pues en la práctica debilita los incentivos de las Afore para buscar mejores rendimientos para los usuarios, al tiempo que olvida las diferencias en sus estructuras de costos y estrategias de calidad.
En los transitorios a la reforma se pretende topar la suma de los componentes que integrarán las comisiones a los saldos y rendimientos para que no exceda la comisión que actualmente existe, al igual que se imponen límites por volumen de saldos. Claramente la intención de mantener por decreto el promedio de comisiones actual pasa por alto el óptimo funcionamiento del mercado. Peor aún, el límite que se establece castigaría a las Afore eficientes y que han sido más competitivas en el pasado, lo que desalentará la administración eficiente, que en realidad es lo importante. Esta situación restringiría la entrada y crecimiento de las Afore cuya estrategia competitiva se base precisamente en una mejor administración financiera (buscar activamente mejores rendimientos a sus clientes), pues les impediría obtener los ingresos necesarios para cubrir y recompensar los gastos asociados con tal estrategia. En esencia, el transitorio anula las intenciones positivas de la reforma y nos deja en una situación potencialmente menos favorable a la actual.
A nivel internacional no se identifican casos donde un sistema de ahorro para retiro con cuentas individuales esté sujeto a regulaciones donde, por decreto, las comisiones deben ajustarse a la baja en proporción del incremento de los saldos administrados. Claramente el efecto es pernicioso en términos de castigar a las Afore que obtengan el favor de los consumidores por hacer bien las cosas.
En este mismo espacio escribí sobre los castigos que se aplicaron a las Afore que, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), se coludieron para evitar ciertos traspasos y he festejado y defendido el tener un regulador fuerte y eficaz en el castigo de abusos del mercado. Desafortunadamente, ahora vemos que se pretende un régimen regulatorio que, en lugar de promover la competencia, podría estar evitando que las empresas compitan eficazmente y peor aún, genere incentivos a las empresas para no ser competitivas y eficientes en los mercados.
Seguramente no es el objetivo del legislador ni mucho menos del gobierno castigar a las empresas por competir sanamente. El propio presidente ha dicho que un elemento clave para el buen manejo de la economía es la competencia. Este error legislativo debe ser analizado con cuidado por los senadores, contando con los insumos técnicos de las autoridades competentes como la Secretaría de Hacienda, la CONSAR, el Banco de México y la COFECE para analizar este proyecto y los efectos que esta extraña adición de último minuto puede generar.