Competencia 2.0

Cofece adelanta la carrera para regular mercados digitales

El regulador creó una nueva unidad que se encargará de analizar el desarrollo de los mercados digitales y sus implicaciones en materia de competencia económica y libre concurrencia.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) acaba de anunciar la creación de una nueva unidad que se encargará de analizar el desarrollo de los mercados digitales y sus implicaciones en materia de competencia económica y libre concurrencia.

Esta iniciativa claramente va en línea con el ejemplo europeo y responde a los recientes enfrentamientos entre reguladores e industria en varios países. Los reguladores de competencia europeos han encontrado que ciertas empresas de mercados digitales "están haciendo daño a la sociedad" y en los últimos días se han hecho públicas varias acciones e iniciativas dirigidas a enfrentar el supuesto poder de mercado de estas empresas.

A nivel de países, el Reino Unido y Alemania han sido especialmente agresivos y vocales. En el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) ha propuesto (al igual que ahora lo hace Cofece), la creación de una unidad de mercados digitales para regular los anuncios por vías digitales y asegurar el cumplimiento con un código de conducta para que las empresas de tecnología no realicen prácticas monopólicas. En el caso alemán centrado en Facebook, después de un largo proceso frente a la agencia de competencia y revisiones en tribunales, hace unos días una corte federal confirmó la orden de la autoridad administrativa y los hallazgos que había tenido su investigación, en el sentido de que la empresa abusa de su posición dominante en el mercado.

Ahora lo más interesante y ambicioso es lo que se propone a nivel comunitario por parte de la Comisión Europea. A este nivel, no solo se propone una nueva legislación sobre servicios digitales, sino el dotar a la autoridad de facultades para realizar investigaciones de mercado e intervenir proactivamente para eliminar barreras a la competencia y regular insumos esenciales. La comisaria europea de competencia menciona que estas herramientas son urgentes para intervenir eficazmente en los mercados, especialmente los digitales.

Resulta sorprendente que esto sea una novedad allá, ya que en México las dos autoridades de competencia (Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones) cuentan con dichas facultades para hacer investigaciones de mercado a nivel constitucional desde el 2013. Éstas se han usado muy poco, y ciertamente no en temas de mercados digitales, pero Cofece podría estar dando el primer paso en esa dirección precisamente con la creación de esta nueva dirección.

El reto más importante será el posible enfrentamiento entre autoridades y el traslape de objetivos regulatorios que pudieran generarse. El mismo término de "mercados digitales" podría ser engañoso y ambiguo y dar lugar a muchos errores regulatorios. También se puede dar un complejo traslape de los objetivos regulatorios en temas de derechos del consumidor y protección de datos personales, así como en telecomunicaciones y radiodifusión.

A juzgar por los últimos casos que han peleado el IFT y Cofece en tribunales, parecería que el Instituto no pretende quedarse con los brazos cruzados ante estas acciones de Cofece para tomar el liderazgo en temas de empresas tecnológicas. Como ciudadanos y usuarios del sistema, sin duda, lo deseable sería que estas autoridades pudieran coordinarse para tener una posición común, aunque desgraciadamente en los últimos casos no ha sucedido, dilatando de manera innecesaria los procedimientos.

Es probable que el regulador que se lance antes sea el que más legitimidad y ventaja obtenga en la competencia regulatoria. El paso de Cofece con nuevas unidades parece ir en ese sentido, aunque faltaría ver si esto es complementado con acciones reales de aplicación de la ley y medidas correctivas obligatorias para que no se quede en estudios no vinculantes. IFT podría dar un duro golpe si abre casos de investigaciones formales antes que Cofece, dejando atrás este esfuerzo de análisis. Me parece que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Procuraduría Federal del Consumidor van un paso atrás en esta carrera, pero podrían adelantar rápido si utilizan sus amplias facultades de manera creativa.

Todo esto requiere presupuesto y recursos humanos que aseguren análisis técnicos extremadamente sofisticados, que requieren la mayor objetividad y profesionalismo desde cada órgano regulador y que sean respetuosos de sus respectivas facultades y el debido proceso. Un reto nada sencillo que enfrentar cuanto antes.

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