Las sanciones penales por colusión vuelven a ser tema de debate. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pretende nuevamente que se sancione con prisión a las personas físicas que han participado en colusiones en licitaciones del sector público.
La Autoridad Investigadora de la Cofece es la única autoridad que puede presentar una querella contra personas físicas que considere pudieran haber violado lo establecido en el Código Penal Federal para casos de colusión empresarial. Hace unos días, la autoridad presentó querellas contra personas físicas que considera han participado directamente en coordinar las posturas de empresas competidoras entre sí en la contratación de bienes o servicios en el sector salud. De la información que se puede analizar públicamente, se podría presumir que estas querellas se refieren al caso de integradores de sistemas para diálisis que contrata el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esta es la segunda ocasión en que Cofece considera que las conductas en un caso de colusión o cártel de competencia ameritan referir el asunto para su investigación por la vía penal. Ya en febrero de 2017 se habían presentado diversas querellas por considerar la participación de ciertos individuos en colusiones en venta de productos de salud al sector público, casos que a la fecha no han resultado en sanciones y al parecer, se siguen investigando por parte del Ministerio Público.
En esta ocasión, nuevamente, se ha considerado que varias personas cometieron hechos que actualizan lo establecido en el artículo 254 bis del Código Penal Federal por la cartelización entre competidores en licitaciones públicas convocadas por el sector salud entre 2011 y hasta 2015, afectando a las convocantes y al erario.
La Cofece ha considerado a las compras públicas entre sus prioridades desde hace mucho tiempo. Igualmente, ha considerado que el sector salud es uno de los sectores prioritarios en sus actuaciones, por su relevancia para la sociedad. En este caso, las prácticas monopólicas absolutas en estos sectores estarían generando los daños más graves a la competencia y por ello nuevamente Cofece pretende mandar una clara señal de que se perseguirá penalmente a aquellos individuos que se coluden en ventas al sector salud, pues inciden directamente sobre la atención que presta el Estado a la población.
La mayoría de los países avanzados en materia de competencia establecen sanciones penales para el caso de las prácticas monopólicas absolutas o cárteles. Al considerar que el daño al consumidor representa entre 20 y 30 por ciento de sobreprecio, se estima que las sanciones deben ser ejemplares tanto para las empresas como para los individuos. En el caso mexicano, las sanciones pueden ir entre 5 y 10 años de prisión, multas e incluso inhabilitaciones para los individuos. En el caso de las empresas, las multas pueden ser de hasta el 10 por ciento de sus ingresos.
Si bien el Código Penal Federal prevé esta posibilidad de sanciones penales, la Autoridad Investigadora de Cofece ha sido muy cuidadosa en el tipo de asuntos que refiere al Ministerio Público y ha quedado claro que no en todos los casos de prácticas monopólicas absolutas presentará la querella. Lo que sí parece ser una tendencia clara es el interés de Cofece de investigar y sancionar a personas físicas, al menos con multas, cuando demuestre su participación en este tipo de conductas ilegales acorde con la tendencia internacional y las mejores prácticas.
Obviamente para disuadir este tipo de arreglos entre empresas es necesario disuadir a las personas físicas que directamente toman las decisiones y ejecutan los acuerdos. Por muchos años los empresarios y directivos de empresa no percibían el riesgo personal por su participación en prácticas monopólicas, pero esto ha cambiado muy rápido. Más prevención y cuidados internos se vuelven cada día más necesarios en todo tipo de empresas, pero especialmente las que contratan con el sector público.