El martes pasado, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firmó un plan que destinará 1.2 billones de dólares a la infraestructura de su país. Esto será positivo para la economía estadounidense porque, asumiendo una correcta implementación, contribuirá a aumentar la tasa de crecimiento económico hacia delante. Se trata de un programa que construirá nuevos puertos, carreteras, presas, aeropuertos, transportes públicos y puentes. Además, se mejorará la infraestructura existente, destacando la ferroviaria en la que hace décadas la inversión ha sido mínima y que está muy rezagada frente a la europea y la japonesa.
Todo esto permitirá un tránsito de personas y mercancías más eficiente, lo cual aumentará la eficiencia y competitividad de la economía. Por otra parte, el programa contempla la inversión en infraestructura del futuro: se potenciarán las redes de autobuses urbanos eléctricos, las estaciones de carga para automóviles eléctricos y se transitará hacia fuentes de electricidad más limpias, como las eólicas y solares. Con el objetivo de disminuir la emisión de gases efecto invernadero en el marco de una política de sostenibilidad. En adición, se invertirá en la red de banda ancha para dar cobertura de internet de alta velocidad a todos los ciudadanos, lo cual hará que la economía estadounidense sea más competitiva en la era digital y, crucialmente, ayudará a combatir la desigualdad al procurar reducir la brecha digital. En resumen, el plan, me parece, se traducirá en un mayor crecimiento, una mejor política ambiental y en menor desigualdad.
Hay a quienes les preocupan los efectos de un programa de tal magnitud en términos de la sostenibilidad de la deuda pública y la generación de presiones inflacionarias. Creo que estas preocupaciones son exageradas por tres razones. La primera radica en el tamaño y horizonte de implementación. El monto previsto equivale al 5.0 por ciento del PIB actual y se distribuirá a lo largo de 10 años. En promedio, implicará financiar cada año no más de medio punto de PIB en adición a lo que ya se invierte, lo cual no supone ningún riesgo en términos de sostenibilidad de deuda. En este sentido, se trata de un plan más modesto que el programa de infraestructura conocido como New Deal impulsado por el presidente Roosevelt en el periodo de entreguerras y que –por cierto– resultó en una etapa de alto crecimiento económico sin inflación. La segunda es que se puede financiar en un entorno de tasas de interés muy bajas. Hoy las tasas de interés de corto plazo están en niveles cercanos a cero mientras que las de los bonos gubernamentales a 10 años están en 1.6 por ciento. Si asumimos una tasa de inflación promedio de 2.0 por ciento en la siguiente década (hay muchos quienes creen que será bastante mayor, lo cual refuerza el punto), el programa se puede financiar a tasas reales negativas. Tercero, si en efecto contribuye a aumentar la productividad, resultará en mayor crecimiento y, por tanto, en mayor recaudación fiscal, lo cual contribuirá a financiar parcialmente el plan. Por lo anterior, creo que se trata de una política económica acertada, y que incluso el monto podría haber sido más ambicioso.
México debería comenzar a planear un programa de infraestructura potente. Primero, porque, después de décadas de subinversión, el estado de nuestra infraestructura es lamentable. Segundo, porque no lograremos aprovechar las ventajas competitivas de estar insertados en cadenas de valor con la economía más grande del mundo sin contar con una mejor infraestructura. No se podrá explotar el potencial para exportar a Estados Unidos y hacia el Pacífico sin mejores carreteras, trenes y puertos. Tercero, porque la infraestructura puede ayudar a reducir la desigualdad y aumentar la movilidad social. Hoy en día, las escuelas, hospitales y la cobertura de internet son malos e insuficientes. Cuarto, porque es posible implementar un programa importante, de unos cuatro o cinco puntos del PIB y financiarlo a largo plazo sin poner en riesgo la trayectoria de la deuda pública, sobre todo si se acompaña de anuncios de reformas fiscales que puedan aumentar la recaudación. Lamentablemente el país no está listo para un plan así, pues ello requiere un portafolio de proyectos con estudios de viabilidad y de retornos financieros y sociales listos a ser implementados, basados en criterios técnicos y no políticos. Se debería comenzar por ahí.
El autor es economista en jefe de BBVA México.