Como parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que implementa el gobierno federal para contener las presiones inflacionarias, se anunció la supresión durante un año de aranceles en diversos productos alimenticios, entre los que se encuentran la carne de ave (cuyo arancel es de 75 por ciento); limones, naranjas, manzanas y maíz (20 por ciento); y las zanahorias y la leche (10 por ciento), entre otros.
Se ha comentado mucho que el impacto de estas medidas en la inflación será limitado. Coincido. Por un lado, estamos viendo una muy elevada inflación mundial en alimentos como consecuencia del cambio climático, de los cuellos de botella en las cadenas de distribución globales que trajo la pandemia y, más recientemente, por el conflicto desatado por la invasión de Rusia a Ucrania, al ser estos países de los principales productores de granos, de aceite de girasol y de fertilizantes en el mundo. Siendo México, acertadamente, una economía muy abierta, le será muy difícil aislarse de las presiones inflacionarias globales. La mayoría de los productos agropecuarios son commodities, es decir, bienes con poca o nula diferenciación y que por tanto se comercian con precios internacionales únicos. Los productores agropecuarios en México son ‘precio-aceptantes’ en cuanto no pueden alterar los precios globales.
Por otra parte, varios de los productos a los que se está exceptuando de aranceles casi no se importan y su demanda se satisface mayoritariamente con producción nacional.
El problema de la inflación alimentaria es muy serio y traerá aumentos en la pobreza a nivel global y conflictos sociales que pueden tornarse violentos. Las soluciones no serán fáciles y llevarán tiempo. A medida que los cuellos de botella cedan, y hay señales de que ello está ocurriendo, las presiones en los precios van a disminuir. Pero también se requiere solucionar el conflicto en Ucrania y, algo más complicado, revertir el calentamiento global. México debe de ser parte de la discusión internacional para contribuir a enfrentar estos temas.
Entre tanto, habrá que instaurar apoyos sociales focalizados para proteger a las familias de menos recursos que son las que pueden llegar a destinar la mitad o más de sus ingresos a adquirir alimentos, evitando en todo momento caer en las trampas de los controles de precios que siempre terminan en escenarios de escasez y mercados negros.
Reconociendo el efecto limitado que tendrán las medidas de liberalización comercial temporal sobre la inflación, hay que reconocer que se trata de una acción acertada, que me parece debería tornarse permanente después de un periodo de transición gradual que permita la adaptación de los productores.
En su versión temporal, la liberalización es buena medida por lo que toca a los productos que más se importan y para los que sí tendrá un efecto de disminución de precios.
Pero, más importante, la reducción arancelaria puede mejorar sustancialmente la productividad en el sector agropecuario mexicano. Los aranceles dan una protección a los productores locales que puede fomentar que produzcan alimentos en los que no son productivos. Esa es una de las razones por las que muchos de estos granos se producen en México aun cuando en otros países se hacen con menor costo. La reducción de aranceles generaría incentivos para que los productores migren hacia productos en los que México sí puede ser mucho más competitivo.
Como ejemplo, no tiene sentido insistir en la autosuficiencia del maíz cuando éste se produce de forma mucho más eficiente en Estados Unidos que en México; sería mucho mejor destinar esos recursos a fresas, aguacates, frambuesas y otros productos en los que se tienen ventajas comparativas entre otros factores por el clima que se tiene en nuestro país.
Se debe aprovechar esta coyuntura para mejorar la productividad en el campo mexicano.
El autor es economista en jefe de BBVA México.