En días pasados se dio a conocer el dato de la inversión fija bruta a marzo. Esta creció a una tasa de 0.5 por ciento con respecto a febrero y 8.8 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. La inversión es fundamental para analizar la economía tanto porque es el componente de la demanda agregada que más fluctúa –y que por tanto permite analizar los ciclos económicos– y segundo porque es el componente que más incide en el crecimiento de largo plazo, pues explica el crecimiento del acervo de capital que, en conjunto con la productividad, determinan la tasa de crecimiento potencial del PIB per cápita.
Ciertamente se registró un buen crecimiento en marzo, pero vale la pena preguntarse cómo está la inversión desde una perspectiva más amplia. Con la publicación de este nuevo dato, la inversión fija bruta se encuentra 2.1 por ciento por debajo del nivel de enero de 2019, cuando iniciaba esta administración. Esto es sin duda preocupante porque el que la inversión no haya crecido en más de cuatro años resultará en un menor crecimiento económico en el futuro. Creo que hay dos factores principales que explican este mal comportamiento de la inversión. El primero es que algunas políticas públicas han generado incertidumbre entre los inversionistas dejando la impresión de que los contratos no necesariamente se respetan y que las reglas del juego pueden cambiar arbitrariamente después de realizadas las inversiones. Esto ha ocurrido sobre todo en el sector energético. El segundo factor es que estamos, desde hace ya más de un año, en un entorno de tasas de interés reales restrictivas. Uno de los determinantes más importantes de la inversión es la tasa de interés: mientras mayor sea, menor será la inversión que realicen las empresas.
Ahora bien, es importante señalar que esta debilidad de la inversión comenzó desde la administración anterior, primero con una disminución de la inversión pública y después porque la elección presidencial en Estados Unidos en 2016 trajo elevada incertidumbre en torno al futuro del Tratado de Libre Comercio (TLC), resultando en un estancamiento de la inversión privada. Lo anterior ha significado que la inversión total en el país haya pasado de un 22.2 por ciento del PIB en 2012 a 19.1 por ciento (16.5 por ciento privada y 2.6 por ciento pública) al cierre de 2022. De la inversión que se lleva a cabo en México aproximadamente 88 por ciento es nacional y 12 por ciento proviene del exterior. Para que el país logre aumentar el crecimiento potencial a niveles que permitan reducir la pobreza de forma relevante se requiere que la inversión sea de al menos 25 por ciento del PIB. Países como Singapur, Taiwán y Corea del Sur, que en el último medio siglo lograron pasar de economías emergentes a desarrolladas, tuvieron en promedio tasas de inversión mayores a 25 por ciento por varias décadas.
Si analizamos el comportamiento de la inversión por componentes en los últimos años emerge un patrón interesante. Como ya mencioné, la inversión total se encuentra 2.1 por ciento por debajo del nivel que tenía al inicio de esta administración. Pero sus componentes han tenido trayectorias muy distintas: mientras que la construcción está 12.5 por ciento por debajo del mencionado nivel, la adquisición de maquinaria y equipo nacional registró un alza de 6.5 por ciento y de 16.4 por ciento en el caso de las importaciones con una aceleración notable en los dos últimos años.
Creo que esto es una señal de que el nearshoring o la relocalización están empezando a tener efectos en el país. Pero el que tanto la construcción (que incluye construcción de plantas nuevas) como la inversión extranjera directa –como expliqué en mi anterior artículo– no hayan aumentado, sugiere que los inversionistas, extranjeros y nacionales, que ya están operando en el país y que saben navegar mejor el actual entorno político, son quienes más se animan a invertir (adquiriendo bienes de capital) y a expandir su producción aprovechando más intensivamente sus plantas existentes, mientras que aquellos que aún no tienen presencia en el país tienen dudas para hacerlo. Para realmente aumentar el nivel de inversión del país, hay que disipar esas dudas: dar mayor certidumbre, fortaleciendo el Estado de derecho.
El autor es economista en jefe de BBVA México.