Este lunes, el presidente de la República presentó una serie de reformas constitucionales. Me referiré en este artículo a la del sistema de pensiones.
En la exposición de motivos se argumenta que vendrá un problema importante cuando se empiecen a retirar los primeros trabajadores bajo el esquema de cuentas individuales introducido con la reforma de 1997. En efecto, cuando en pocos años comiencen a jubilarse trabajadores que empezaron a cotizar después de julio de aquel año con un esquema de contribuciones definidas, surgirán problemas, ya que éstos contarán con bastante menos recursos para su pensión en comparación con aquellos que, al haber empezado a cotizar bajo la antigua ley de 1973, todavía están en un esquema de beneficios definidos. Cálculos que hemos hecho en BBVA México sugieren que la tasa de reemplazo (es decir, la pensión como porcentaje del último sueldo) es en promedio de alrededor de 80 por ciento para los del segundo grupo, mientras que será de alrededor de 27 por ciento para los de la “generación Afore”. Claramente serán pensiones insuficientes y sustancialmente menores a los que tuvieron la suerte de empezar a cotizar antes.
Ante esta situación, la propuesta presidencial es que las personas de más de 65 años que empezaron a trabajar después de julio de 1997 tengan derecho a una pensión de retiro por vejez igual a su último salario, topado hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS (aproximadamente unos 16 mil pesos mensuales).
Es importante señalar que el problema fundamental de la reforma de 1997 ha sido que las tasas de contribución eran demasiado bajas. Por otra parte, en el diseño del sistema, se anticipó alcanzar mayores saldos acumulados en las cuentas individuales a partir de supuestos que lamentablemente terminaron siendo demasiado optimistas: que las tasas reales de interés serían más altas, que los trabajadores realizarían más aportaciones voluntarias, y que la competencia resultaría en comisiones más bajas.
Pero no hay que olvidar que en 1997 la razón fundamental para implementar la reforma fue de carácter fiscal: conforme avanzaba la transición demográfica, quedó claro que un esquema de beneficios definidos ya no era viable. En este tipo de esquemas, las pensiones de los adultos mayores son pagadas por aquellos que están en edad de trabajar. Alguna vez esto fue posible, pero ahora ya no. En 1960, la población de más de 64 años como porcentaje de aquellos en edad de trabajar (entre 15 y 64) era de 6 por ciento; en 2022 el porcentaje se había duplicado a 12 por ciento y en los años siguientes crecerá a ritmos todavía mayores, ya que la tasa de fertilidad ha seguido bajando. Así, si bien la reforma de 1997 no tuvo todos los beneficios esperados, era necesario migrar a un esquema de contribución definida considerando los cambios demográficos del país. Además, dicha reforma ha tenido un beneficio adicional: ha resultado en mercados de capitales profundos que han contribuido a dar estabilidad macroeconómica y a financiar a la economía en condiciones competitivas.
De esta manera, la reforma constitucional propuesta por esta administración no es viable fiscalmente (se propone crear un fondo de reserva con distintos recursos que no serían ni lejanamente suficientes) y sería además terriblemente injusta con los jóvenes que tendrían que cargar con un número cada vez mayor de personas en edad avanzada.
Además de no ser fiscalmente practicable, la propuesta tiene otros problemas. Uno de ellos es que sería inequitativa, pues pondría en desventaja a los que comenzaron a cotizar antes de 1997 pues no todos esos trabajadores podrían acceder a la pensión equivalente al salario promedio de cotización como sí podrían hacerlo los que comenzaron a cotizar después de ese año. Adicionalmente, al garantizar una pensión igual al salario promedio de cotización, se eliminaría cualquier incentivo para una gran parte de trabajadores de ejercer disciplina de mercado en las Afores: ya no les importaría si las comisiones son altas o si los retornos son bajos.
Para atacar los problemas del esquema de pensiones actual, se pueden y deben tomar varias medidas. De hecho, ya se dio un paso importante en la dirección correcta durante la presente administración: la reforma de 2020 propuesta por el Presidente que resultará en un aumento en las tasas de contribución del 6.5 por ciento al 15 por ciento del salario corregirá varios de los problemas mencionados. Otra medida adecuada sería aumentar la edad de retiro, reconociendo que la esperanza de vida ha aumentado de manera notoria en las últimas décadas.
Tiene razón el Presidente cuando dice que el sistema actual de pensiones debe mejorarse. Pero volver parcialmente a un esquema de beneficios definidos financiado por el gobierno pondrá en peligro la estabilidad fiscal y será injusta con los más jóvenes.