Carlos Serrano Herrera

El cambio al sistema de pensiones es positivo, pero requiere ajustes

Para garantizar la sostenibilidad de la deuda es necesario establecer de manera realista con qué recursos serán fondeadas las pensiones que propone la reforma del 5 de febrero pasado.

Entre las propuestas de reformas a la Constitución sometidas al Congreso el pasado 5 de febrero hay una relativa al sistema de pensiones dirigida a los trabajadores en el régimen de cuentas individuales. El cambio fundamental consiste en garantizar a los trabajadores que coticen en cuentas individuales en el ISSSTE, así como a quienes empezaron a cotizar en el IMSS después de julio de 1997 y que, por lo tanto, no pueden pensionarse bajo el régimen anterior de beneficio definido, una pensión igual a su último salario (es decir, una tasa de reemplazo del 100 por ciento) topada al salario medio de cotización del IMSS, que ahora equivale a 16 mil 777 pesos mensuales.

Creo que la propuesta de reforma busca resolver un problema significativo. En el sistema anterior, que aplica a los trabajadores que ya cotizaban en el IMSS antes de julio de 1997, quien se jubilaba podía contar con una pensión garantizada cuyo monto dependía de sus últimos salarios y de sus semanas cotizadas: un esquema de beneficio definido, en donde las tasas de reemplazo en promedio eran cercanas al 80 por ciento. Cuando se hizo la reforma de pensiones se estableció que aquellos que empezaron a cotizar después de julio de 1997 se retirarían con los recursos acumulados en cuentas individuales a las que tendrían que contribuir los trabajadores, sus patrones y el gobierno. Estas contribuciones ascendían en su conjunto al 6.5 por ciento del salario de cotización y serían administradas por las Afores.

El problema que la reforma busca atender radica en que con esas tasas de contribución las pensiones serán claramente insuficientes y mucho menores a las del sistema anterior. En promedio, la tasa de reemplazo de los que ahora se comienzan a jubilar bajo el esquema de cuentas individuales será de sólo 25 por ciento.

En gran medida este problema será atendido con la reforma que esta administración llevó a cabo en 2020 y que resultará en que la tasa de contribución aumente de forma gradual hasta alcanzar el 15 por ciento en 2030. Esto implicará que, en el nuevo estado estacionario, que se alcanzará para aquellos que se comienzan a retirar en unos 25 a 30 años, los recursos acumulados en las cuentas individuales serán suficientes para lograr tasas de reemplazo similares a las del sistema anterior. La del 2020 es una buena reforma, que además incrementará el monto de recursos administrados por las Afores, los cuales deberían poder usarse para financiar proyectos productivos.

Sin embargo, persiste un grave problema: quienes se pensionen antes de acumular recursos suficientes durante las próximas dos décadas tendrán tasas de retorno muy bajas.

Hay que recordar que los episodios de protestas sociales en Chile fueron motivados, en buena medida, porque los montos de pensiones de su sistema de cuentas individuales resultaban insuficientes. Por esto, y por un tema de equidad intergeneracional y para evitar situaciones de pobreza en adultos mayores, creo que es adecuado que se busque atacar el problema en cuestión.

Al respecto, considero que la propuesta actual debe modificarse pues pretende garantizar una tasa de reemplazo del 100 por ciento (con el tope ya mencionado) a todas las generaciones futuras. Esto podría representar un problema fiscal muy grande ante los importantes cambios de la pirámide poblacional en México, con los cuales cada vez hay más adultos mayores por cada persona en edad de trabajar. El costo fiscal de financiar la propuesta terminaría siendo inviable en algunas décadas y representaría una carga muy grande para los jóvenes que tendrían que fondear las pensiones de un número creciente de jubilados.

La reforma puede resolver el problema que busca atacar y al mismo tiempo contener sus costos fiscales con una mayor equidad intergeneracional, si el beneficio definido se acota únicamente a quienes se jubilen en los próximos treinta años. Por otra parte, para garantizar la sostenibilidad de la deuda es necesario establecer de manera realista con qué recursos serán fondeadas estas pensiones. Se ha dicho que se comenzará con un fondo de 65 mil millones de pesos, el cual es claramente insuficiente.

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