Contratar deuda puede ser una herramienta de suma utilidad para un gobierno, al existir buenos motivos para que un país aumente su endeudamiento.
Uno de ellos es implementar políticas fiscales contracíclicas que ayuden a aminorar los efectos negativos de una recesión, como fue el caso de Estados Unidos tras la crisis financiera global de 2008-2009.
Otro, para realizar inversiones que contribuyan a aumentar el crecimiento potencial de la economía, mediante la inversión en infraestructura como la construcción de puertos, carreteras, redes de transmisión y distribución de energía eléctrica, hospitales y escuelas. Si estas inversiones resultan en mayores tasas de crecimiento económico, la deuda adquirida se irá reduciendo como porcentaje del PIB.
Un tercer caso se tiene en la corrección de alguna externalidad negativa, como lo hizo Estados Unidos para combatir el cambio climático a través del Inflation Reduction Act y con el cual, el gobierno aumentó los subsidios para la compra de vehículos eléctricos, la generación de energías limpias y la construcción de infraestructura para combatir el calentamiento global. Finalmente, en casos extremos es justificable aumentar la deuda pública para destinarlo a gastos de defensa, tal y como hizo Estados Unidos en ambas guerras mundiales.
En este sentido, es claro que la deuda pública no debe ser satanizada y debe entenderse que existen circunstancias en las que es positivo para una economía aumentar su nivel.
Ahora bien, hay un consenso entre los economistas en torno a que endeudar a un gobierno para financiar gasto corriente, cuando una economía no se ubica en la fase de debilidad del ciclo económico, es una mala idea.
De hecho, el marco legal en México así lo reconoce. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que la deuda pública debe destinarse únicamente para proyectos productivos de inversión (es decir, no a gasto corriente) o para emergencias y situaciones excepcionales.
Bajo esta óptica creo que es adecuado revisar lo que ha ocurrido con la política de deuda pública en México en los últimos años. En primer lugar, es de destacar su considerable aumento: mientras que en 2007 la deuda pública total, medida por los Requerimientos Financieros del Sector Público, era de alrededor de 30 por ciento del PIB, a fin de este año será de algo más que 50 por ciento. Creo que es obligado preguntarse si este aumento de deuda de 20 puntos porcentuales del PIB ha sido destinado a un buen uso y si se ha apegado a lo que establece la LFPRH.
En 2009 el déficit primario, aquel que excluye los pagos por concepto de servicio de la deuda, que había estado en niveles cercanos a cero desde 1995, comenzó a aumentar y con ello empezó la trayectoria ascendente de la deuda como porcentaje del PIB. El aumento de la deuda en 2008 fue adecuado pues respondió a que la economía entró en recesión arrastrada por Estados Unidos y por la epidemia de fiebre porcina A(H1N1). Es decir, el endeudamiento fue un instrumento de política contracíclica para hacer frente a esas adversidades.
El problema es que, desde entonces, en prácticamente todos los años en que la deuda del país ha aumentado como porcentaje del PIB, no lo ha hecho para aumentar la inversión pública ni para hacer frente a una recesión. Una excepción se tiene en 2023, cuando el aumento de la deuda se acompañó de un alza en la inversión pública, aunque habrá que evaluar si esa inversión predominantemente destinada a los proyectos insignia de la administración saliente, efectivamente aumentará la capacidad productiva del país.
Igualmente, conviene destacar el periodo entre 2013 y 2017, cuando la deuda pasó de 35 por ciento a casi 50 por ciento del PIB, mientras que la inversión pública como porcentaje del Producto disminuyó de 4 por ciento a 3.4 por ciento. ¿A dónde fue a parar ese dinero?
Hacia delante me parece que debe modificarse la LFPRH para fortalecer su cumplimiento (violentarla no ha tenido ninguna consecuencia). Será deseable que el gobierno que comienza la semana que viene, contrate deuda pública únicamente para los fines ya comentados y que adopte políticas para reducir los niveles de endeudamiento actuales.