Esta semana se dieron a conocer los resultados de Pemex al tercer trimestre del año. La empresa tuvo pérdidas por 430 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.3 por ciento del PIB. Para un país en que el gobierno se debate entre hacer una consolidación fiscal en la que llevar el déficit a 3 por ciento o a 3.5 por ciento del PIB, el que una empresa pública pierda este monto en tan solo un trimestre debe de ser motivo de alarma.
Los problemas de Pemex afectan cada vez más a las finanzas públicas. Hace diez años, los ingresos petroleros le daban al gobierno recursos equivalentes a 4 puntos porcentuales del PIB mientras que al cierre de 2023, tomando en cuenta los apoyos gubernamentales, los ingresos petroleros fueron de solamente 0.2 por ciento del PIB. El peor desempeño financiero de la entidad explica en buena medida la pérdida de espacio fiscal del país.
Este peor desempeño de Pemex se explica por distintos factores. Destaco los que a mi juicio son tres principales. Primero, la enorme acumulación de deuda que la empresa contrajo en los primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto que resultó en un aumento de la deuda de 40 mil a 100 mil millones de dólares sin que fuera acompañada por un aumento en la inversión. Sería bueno algún día conocer a dónde fue a parar ese dinero. Segundo es la caída en la producción petrolera que comenzó hace casi veinte años. Y tercero, las enormes sumas de dinero que se pierden en las actividades de refinación. Entre 2019 y 2023 el segmento de transformación de Pemex perdió 820 mil millones de pesos.
De estos tres factores, en el primero el daño ya está hecho y no se puede revertir. Pero en los dos segundos se puede cambiar el rumbo. La producción petrolera ha caído porque no se han invertido suficientes recursos para explorar nuevos campos, sobre todo en aguas profundas. Y no se han invertido porque Pemex no tiene el capital para hacerlo. De hecho, el capital de Pemex es negativo y el accionista de la empresa, el gobierno federal, no tiene el espacio fiscal para aumentar el capital de la empresa. La forma de atraer ese capital es haciendo alianzas con el sector privado. El gobierno puede subastar campos que pueden ser explotados por empresas privadas que pagarían regalías al gobierno que así obtendría recursos que de otra forma no tendría.
Por su parte, se ha perdido más dinero en refinación de petróleo porque se afirma que un país que produce petróleo debe ser también un país que lo refine. Esta afirmación no tiene lógica económica. Ser un país productor de petróleo tiene que ver con cuestiones geológicas y no necesariamente con tener ventajas comparativas en refinación. Se sostiene también que hay que apostar a la refinación porque eso refuerza la soberanía energética. Como mencionaba, buscar esa soberanía ha costado, hasta el momento, 820 mil millones de pesos. Con esto se podría haber aumentado el presupuesto del sector salud casi 10 por ciento al año. ¿Perseguir la soberanía energética lo vale? Creo que hay preocupaciones legítimas al depender de la provisión de combustibles del exterior, pero eso se podría resolver invirtiendo en almacenamiento. Además, la gasolina es un producto que se puede adquirir fácilmente de diferentes países. Si en un momento llega a darse un problema de oferta de gasolina desde Estados Unidos, se podría recurrir a la que se tenga almacenada y a la vez se podría comprar a otros países pues además los combustibles se pueden entregar fácilmente mediante transporte marítimo, a diferencia del gas del que dependen los europeos que llega desde Rusia en ductos.
Repensar la idea de la soberanía energética podría ayudar a aumentar los ingresos petroleros lo cual liberaría recursos fiscales que podrían destinarse a combatir rezagos sociales. Eso sería una política progresista.