En los últimos años, el espacio fiscal del gobierno ha disminuido de forma importante y se encuentra en niveles preocupantemente bajos. México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tiene menores ingresos fiscales, pero también uno de los más bajos en América Latina.
Por otra parte, este año, del total de egresos gubernamentales, el 68 por ciento se destinó a conceptos ineludibles: transferencias a estados y municipios (35 por ciento del total), pago de pensiones (18 por ciento), y servicio de la deuda (14 por ciento). Esto significa que, del total de recursos para erogar, el gobierno solamente puede dirigir 32 por ciento a conceptos discrecionales como son educación, salud, gasto social, seguridad e infraestructura. Hace diez años, el monto disponible para estos conceptos, lo que podemos denominar ‘espacio fiscal’, era de 47 por ciento. En términos del PIB, en 2024 el espacio fiscal equivalió a 7 por ciento, mientras que, al inicio de la administración de López Obrador, era de 9 por ciento.
En ausencia de una reforma fiscal, la capacidad discrecional del gasto seguirá disminuyendo ya que las erogaciones por concepto de pensiones seguirán aumentando a medida que la población envejezca. De esta forma, en ausencia de un aumento importante en la recaudación, México no podrá tener educación, salud, e infraestructura de calidad, ni adoptar una agenda verdaderamente progresista. Por ejemplo, el año entrante el gasto en salud como porcentaje del PIB será de 2.5 por ciento, lo que palidece frente a los países de la OCDE que en promedio destinan más de 9 por ciento a dicho rubro.
Como mencioné, el gobierno federal ha perdido margen de acción en la última década; sin embargo, el espacio fiscal de estados y municipios en su conjunto no se ha visto afectado. Hace 10 años las transferencias a gobiernos subnacionales representaron 31 por ciento del total de erogaciones, mientras que este año serán de 35 por ciento. En un entorno en que el gobierno federal se ha visto obligado a apretarse el cinturón, los estados y municipios no han tenido que hacerlo. Los gobiernos estatales y locales han estado en una situación cómoda: reciben recursos de la Federación, lo que les permite no llevar a cabo sus propias labores recaudatorias adecuadamente.
Un buen ejemplo se tiene en la recaudación de impuesto predial, que es responsabilidad de los municipios. En México este cobro es muy bajo y el país se encuentra también aquí en la parte inferior de la tabla. De acuerdo a la OCDE, lo que el país recaudó por este concepto fue de 0.3 por ciento del PIB (al 2022, último dato disponible), mientras que el Reino Unido recaudó 4 por ciento, Canadá 3.5 por ciento y España 2.5 por ciento por citar algunos ejemplos. Pero no solamente recaudamos menos predial que países avanzados, también nos comparamos mal con países en vías de desarrollo: en Argentina se recauda casi 3 por ciento, mientras que en Brasil, Colombia y Chile la recaudación está en alrededor de 1.5 por ciento.
Así, tenemos que México casi no recauda por concepto de un impuesto que es muy eficiente, pues es difícil de evadir y es claramente progresivo. La baja recaudación de impuestos a la propiedad se explica en parte por bajas tasas impositivas, pero sobre todo por la debilidad institucional de la gran mayoría de municipios que carecen de sistemas de catastro eficientes. Ante esta situación, el gobierno federal debería absorber la capacidad fiscalizadora sobre el impuesto predial, invirtiendo en un catastro nacional moderno, digital y funcional. Viendo la experiencia internacional, el país podría recaudar al menos dos puntos adicionales del PIB por este concepto, parte de lo cual podría devolverse a estados y municipios.
De la misma manera, otro impuesto eficiente es el de la tenencia de automóviles que es de responsabilidad estatal. La mayoría de las entidades ya no lo recaudan. A los que vivimos en la Ciudad de México nos toca constatar la gran cantidad de vehículos que circulan con placas de Morelos para eludir el pago del impuesto capitalino. Esto debe cambiar, ya sea introduciendo incentivos a los estados para cobrar este impuesto, o también convirtiéndolo en un impuesto federal.
México tiene una necesidad urgente de aumentar los ingresos fiscales. El país no recauda dos de los impuestos más eficientes en el mundo debido al diseño del pacto federal actual. Es necesario cambiarlo. Esto –a la par del combate a la informalidad– debería ser piedra angular de una reforma fiscal.