El año pasado, el gobierno federal utilizó 125 mil millones de pesos (aproximadamente medio punto del PIB) del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) debido a que se tuvo una recaudación menor a la esperada. Esto permitió que se cumpliera con el objetivo de alcanzar un superávit primario (es decir, sin tomar en cuenta las erogaciones por concepto de servicio de deuda) de 1 por ciento del PIB, de hecho, fue de 1.1 por ciento.
¿Fue correcto utilizar estos recursos? Me parece que sí. Esto se dio en el marco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su respectivo reglamento que establecen que el FEIP se puede utilizar para amortiguar los efectos sobre las finanzas públicas y la economía del país cuando se observe una recaudación menor a la esperada. Y esto fue precisamente lo que ocurrió en 2019. Debido al estancamiento económico, los ingresos tributarios fueron 108 mil millones de pesos menores a lo esperado mientras que se obtuvieron 90 mil millones de pesos menos por concepto de ingresos petroleros.
A pesar de ello, los ingresos totales no cayeron debido a que aumentó la recaudación por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas debido a que no se trasladaron los menores precios del petróleo a los precios de las gasolinas, lo que por cierto creo que fue una política pública acertada, a pesar de que existan varias voces pidiendo que se bajen los precios de los combustibles; subsidiar las gasolinas es una política regresiva y contaminante que afecta negativamente a las finanzas públicas.
Haber usado entonces recursos del FEIP para compensar la menor recaudación fiscal no solamente constituyó una acción legal, sino que además me pareció adecuado sobre todo si se toma en cuenta el contexto de una economía que no creció. De hecho, idealmente la política fiscal no debió haber sido restrictiva en un año sin crecimiento, pues ello contribuyó a acentuar los efectos de la desaceleración económica, aunque reconozco que para el entonces nuevo gobierno hubiese sido muy complicado proponer un esquema fiscal contracíclico sin tener todavía credibilidad en los mercados y sin contar con mecanismos institucionales que aseguren que se hubiese regresado a tener políticas fiscales contraccionarias una vez recuperado el crecimiento.
Reconociendo que fue apropiado utilizar recursos del FEIP, me parece que hacia delante se deben de contemplar varias medidas para mejorar su funcionamiento y que pueda formar parte de un esquema general de políticas contracíclicas. Además, hay que considerar que lo más probable es que entre este año y el próximo los recursos del Fondo se extingan. En primer término, se deberían establecer reglas más claras para su uso. En administraciones pasadas, se solía subestimar los ingresos tributarios de tal forma que se pudiesen utilizar los recursos del fondo.
Para evitar este problema sería mejor que se contara con estimaciones de balance fiscal estructural (es decir a lo largo del ciclo económico) de tal suerte que el FEIP se convierta realmente en un instrumento contracíclico y no en un mecanismo para compensar menores recaudaciones a las anticipadas en el Presupuesto.
En segundo término, creo que se debería establecer que solamente se puedan acumular recursos al FEIP en caso de que se tengan superávits fiscales. De lo contrario se está en una situación -lo cual ha ocurrido varios años- en las que el país se endeuda para ahorrar, lo cual financieramente no hace sentido. Tercero, para implementar de una mejor forma una política contracíclica sería deseable la creación de un consejo fiscal independiente que entre otras cosas, ayude a determinar la tasa de crecimiento potencial del país y, con ello, a decidir en qué condiciones se deben implantar políticas fiscales expansivas para amortiguar los efectos de situaciones en que el crecimiento se encuentre sustancialmente por debajo de dicha tasa potencial.
En conclusión, más que el FEIP, el país requiere seguir utilizando mecanismos como las coberturas petroleras e instaurar una regla fiscal que asegure mantener equilibrios fiscales a lo largo de los ciclos económicos.