Se ha repetido hasta el cansancio que México tiene un serio problema de recaudación fiscal. El país solamente recauda 14 por ciento del PIB por conceptos tributarios. Esto no solamente representa el nivel más bajo de todos los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino que también es más bajo que los niveles recaudatorios de la mayoría de los países latinoamericanos. Además, la mayoría de esos recursos ya están etiquetados para rubros específicos, lo cual deja poco espacio para invertir en infraestructura, salud o educación.
Actualmente el gasto público en pensiones equivale a 3.6 por ciento del PIB. Es preocupante que este gasto sea mayor a la inversión pública que es de alrededor de 2.6 del PIB: estamos gastando más en el pasado que en el futuro, la mayoría de esta inversión se destina a Pemex, cuya rentabilidad social es baja. Por su parte por concepto de servicio de deuda, se eroga 2.6 por ciento del PIB. No sería grave pagar esta cantidad por servir una deuda que hubiese resultado en inversiones que ayudaran a aumentar la capacidad de crecimiento de la economía o a mejorar el nivel de vida de la población de menores recursos. Lo lamentable es que se está pagando por una deuda que se destinó, sobre todo en la administración anterior, a financiar gasto corriente improductivo.
Además, el gobierno federal destina 3.6 por ciento del PIB a participaciones federales a estados y municipios. Entonces, entre pensiones, servicio de deuda y participaciones se destina más de 10 por ciento del PIB en un país que recauda 14 por ciento. Esto deja muy poco espacio fiscal para realizar inversión productiva o gasto social. Por eso somos un país que prácticamente no tiene inversión pública en infraestructura. Por si esto no fuese suficientemente preocupante, hay que mencionar que la situación empeorará pues las presiones de gasto serán mayores. El gasto en pensiones irá en aumento hasta alcanzar un 4.5 por ciento del PIB en 2024.
Esto en un contexto de un gobierno que, acertadamente, pretende mantener o incluso disminuir el cociente de deuda pública como porcentaje del PIB. Esto es positivo pues mayores niveles de deuda implicarían una percepción de mayor prima de riesgo por parte de los mercados, lo cual aumentaría el costo de deuda y significa una mayor probabilidad de observar episodios de salidas de capitales. Además, sería deseable en el futuro tener menores niveles de deuda para poder hacer frente a escenarios adversos, como podría ser una recesión en Estados Unidos, con políticas fiscales contracíclicas.
Por lo anterior, y reconociendo que lograr mayores reducciones al gasto se antoja muy complicado, es imperativo tomar medidas lo antes posible para aumentar la recaudación tributaria. Una de ellas, que sería positiva, es gravar a los alimentos con la misma tasa de IVA que el resto de productos. Esto podría dar alrededor de un punto del PIB adicional. Lo malo es que apenas sería suficiente para cubrir el aumento en gasto en pensiones ya mencionado. Creo que también se puede estudiar subir las tasas marginales de impuesto a la renta para personas físicas, a efectos de tener una estructura recaudatoria más progresiva que ayude a mitigar los fuertes problemas de desigualdad. Los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda por gravar al comercio digital son muy positivos. También es afortunado el que ya no se vayan a otorgar condonaciones fiscales. Pero todos estos esfuerzos, si bien son muy positivos, son insuficientes para lograr un aumento sustancial en la recaudación y liberar presiones fiscales.
Para esto creo que habría que trabajar en tres grandes vertientes. Primero, lograr que los estados y municipios recauden los impuestos que les corresponden en particular predial y tenencia. Estos dos conceptos podrían significar dos puntos adicionales del PIB en recaudación. Para ello, me parece que habría que modificar la fórmula de participaciones federales a efecto de incentivar la recaudación por parte de gobiernos subnacionales. Segundo, reducir la inversión pública en Pemex y sustituirla por inversión privada. La compañía requiere de elevados niveles de inversión para revertir la tendencia bajista en la producción petrolera y no se tiene el espacio fiscal para ello. Sería mejor que los privados lo hagan. Y tercero, y más importante, hay que dar una batalla para reducir la informalidad que impera en el país. El principal problema en México no es de tasas impositivas sino de una base muy reducida.