Carlos Serrano Herrera

Inclusión Financiera: sin avances significativos

Serrano dice que que en los últimos 3 años en México no se han dado avances en inclusión financiera, incluso frente a economías de nivel de desarrollo similar

A finales del mes pasado se dieron a conocer los resultados del tercer levantamiento de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el INEGI. Se trata de una de las encuestas de inclusión financiera más completas en el mundo. Los ejercicios anteriores fueron hechos en 2012 y 2015. Si bien se han hecho algunas modificaciones en lo cuestionarios que significan que los resultados no sean estrictamente comparables, la encuesta permite concluir que en los últimos 3 años en México prácticamente no se han dado avances en materia de inclusión financiera. El nivel de penetración del sistema financiero mexicano es bajo si se le compara no solamente con países avanzados, sino con economías de un nivel de desarrollo similar.

La encuesta contiene información tanto de acceso como del uso, es decir, tanto de oferta como de demanda de servicios financieros. Los resultados reflejan características estructurales de la economía mexicana que muestra altos niveles de informalidad que a su vez se reflejan en el sistema financiero: 63% de la población utiliza mecanismos de ahorro informal mientras que el 70% obtiene créditos informales. Esto es motivo de preocupación ya que los productos financieros informales suelen ser más ineficientes, caros y riesgosos. En particular es grave que un porcentaje tan elevado de personas ahorre mediante mecanismos informales ya que estos, al estar al margen de la regulación prudencial y del mecanismo de seguro de depósitos, son mucho más inseguros que los formales; los ahorros de un porcentaje elevado de la población enfrentan niveles de riesgo altos.

Además del elevado nivel de informalidad, destaca el bajo uso de distintos productos financieros: solamente el 31% de la población adulta tiene tarjeta de crédito, 25% un seguro y 40% una cuenta de ahorro para el retiro. Además, los avances en la materia en los últimos tres años han sido pobres: el porcentaje de población con cuentas de ahorro pasó de 44% a 47%; el que tiene al menos un crédito aumentó en solamente dos puntos porcentuales; los que cuentan con al menos un producto de seguro se incrementaron en tan solo 0.6%; y el porcentaje de la población con cuentas de ahorro para el retiro decreció en 1.6%

Los bajos niveles de inclusión financiera afectan sobre todo a la población de menores recursos. En particular habría que aumentar la cobertura de seguros ya que estos productos pueden proteger a los más pobres de eventos adversos como son una enfermedad, muerte de quien es sostén de la familia o un desastre natural.

En mi opinión, gobierno e instituciones financieras tienen que trabajar en tres áreas para lograr avances sustantivos en materia de inclusión: reducir la informalidad; potenciar el uso de canales digitales; y mejorar la educación financiera.

La informalidad es un obstáculo para la bancarización: no es posible hacer un análisis crediticio a un trabajador o una empresa informal que no podrán producir comprobantes creíbles de ingresos como son recibos de nómina o declaraciones fiscales. Como lo ha documentado espléndidamente Santiago Levy en su más reciente libro, Esfuerzos Mal Recompensados, la mayoría de las empresas en México son pequeñas, informales, y tienen una vida corta; lógicamente estas empresas no pueden ser sujetas de crédito.

La ENIF muestra que los problemas de acceso a servicios financieros se concentran sobre todo en poblaciones rurales. Llevar infraestructura bancaria tradicional como son sucursales y cajeros automáticos a poblaciones remotas no es económicamente viable. Sin embargo, se pueden ofertar estos servicios mediante tecnologías digitales, como el teléfono móvil, que permitirán llegar a dichas poblaciones y además permitirán ofrecer productos financieros a mucho menor costo también para las poblaciones urbanas. Para ello, es necesario que la regulación se adapte permitiendo cobrar a los usuarios el uso de la infraestructura tradicional, a efecto de incentivar la adopción de la digital. Esto hará que los servicios financieros sean mucho más baratos.

Y la educación financiera permitirá a los usuarios tomar decisiones mejor informadas. La encuesta muestra que una fracción elevada de la población no valora la importancia de productos de seguro o de ahorro para el retiro.

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