En días recientes se han emitido, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señales alineadas con la responsabilidad fiscal que me parece son positivas y han sido bien recibidas por los mercados. Las principales se encuentran en los Pre-Criterios de Política Económica recién anunciados.
Es bienvenido que la Secretaria de Hacienda haya disminuido sus pronósticos de crecimiento tanto para este año (desde un estimado puntual de 2 por ciento a uno de 1.6 por ciento) como para el próximo (de 2.6 por ciento a 1.9 por ciento). Al reconocer, de manera oportuna, que el crecimiento será menor del que se anticipó cuando se diseñó el Paquete Fiscal para este año, Hacienda acepta que es necesario hacer ajustes al gasto ya que de lo contrario no se cumplirán las metas fiscales adoptadas en dicho paquete. Esto no solamente porque la recaudación será menor a la esperada —los ingresos públicos mostraron una caída anual de 3.9 por ciento en el primer bimestre del año— sino porque el menor crecimiento significará un menor Producto Interno Bruto (PIB) y, por tanto, un menor superávit como porcentaje del mismo. Por lo anterior, es afortunado que el gobierno federal esté contemplando recortes al gasto. Con ello, se está privilegiando el objetivo de 1 por ciento del PIB para el superávit primario de 2019. Es también destacable que estos recortes se vayan a aplicar en el gasto corriente y no en la inversión, lo cual podría reducir la capacidad de crecimiento de la economía en el mediano plazo.
Entre otras medidas se contempla la reducción de 16 mil plazas en Pemex, lo cual puede mejorar la situación financiera de la empresa sin afectar en absoluto la productividad. También se han anunciado recortes para el año próximo que resultarían en una caída anual real de 1 por ciento, con el objetivo de alcanzar un superávit primario de 1.3 por ciento del PIB. Me parece, incluso, que este objetivo es más ambicioso de lo que sería necesario para que la trayectoria de deuda como porcentaje del PIB permanezca estable y para ser bien recibido por los mercados. Aunque, en todo caso, se está dejando espacio para un margen de error, sobre todo por las posibles contingencias fiscales que pueda traer la situación de Pemex y también porque la meta que se ha establecido para la producción petrolera de 1.92 millones de barriles diarios pareciera optimista.
Este actuar de la Secretaría de Hacienda es responsable y evitará un deterioro en la posición fiscal del país y la consecuente inestabilidad macroeconómica. Hay que recordar que hace seis años, cuando empezaba la gestión de la administración anterior, se vivió una situación similar: el crecimiento comenzó a ser menor al esperado (hay que recordar que se habían presentado pronósticos demasiado optimistas) y no se reaccionó ni reconociendo la realidad de un menor crecimiento ni reduciendo el gasto, situación que se observó durante los primeros tres años del pasado gobierno. Esto resultó en que la deuda como porcentaje del PIB aumentara en alrededor de 15 puntos en ese periodo, sin que además ello resultara en una mejora en la infraestructura del país. Este aumento en la deuda ha significado que el país tenga menor margen de maniobra fiscal debido que se tienen que destinar mayores recursos para servirla. Además, cuando finalmente, y debido a la presión de las agencias calificadoras, se hicieron ajustes al gasto, estos se centraron en inversión y no en gasto corriente, lo cual redujo el crecimiento potencial del país.
Otra señal positiva en términos fiscales fue dada por el subsecretario Arturo Herrera cuando mencionó que el país debería de recaudar más impuestos por los conceptos de predial y tenencia. Si bien se trata de impuestos locales, sería muy afortunado que los estados siguieran las recomendaciones de Herrera, que muestran una preocupación por fortalecer la recaudación. Ambos impuestos son efectivos ya que son más fáciles de recaudar, progresivos y, en el caso de la tenencia, ecológicos. Un gobierno progresista e interesado en la distribución del ingreso los debería estar impulsando. Esperemos que la política fiscal siga siendo dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.