Guatemala vive horas de una profunda crisis política. Hay bloqueos carreteros en todo su territorio. Organizaciones indígenas y estudiantiles exigen la dimisión de las autoridades que han tratado de evitar que asuma la presidencia Bernardo Arévalo, el sociólogo y diplomático que ganó las elecciones postulado por el partido Movimiento Semilla.
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acaba de urgir “al Estado de Guatemala a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos.” Tan extraordinario pronunciamiento se debe a que el Ministerio Público allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral el 29 de septiembre, confiscando 125 mil actas de la votación presidencial de agosto. Sí, como se lee: la policía irrumpió la sede de un órgano constitucional y sustrajo los documentos que certifican la voluntad popular.
Se trata de una medida más, desde el gobierno de Guatemala, la fiscalía y parte del Poder Judicial, para subvertir el veredicto ciudadano depositado en las urnas.
Para entender lo delicado de la situación, conviene un breve recuento.
Desde que en 2020 gobierna en Guatemala el presidente Alejandro Giammattei —quien sucedió al teólogo y cómico Jimmy Morales—, decenas de defensores de derechos humanos y activistas han sido perseguidos. Con nombramientos en la fiscalía general de personas ligadas a grupos de poder tradicional, se han abierto procesos contra quienes en el pasado reciente denunciaron e investigaron la corrupción. Una centena de abogados tuvo que abandonar el país, entre ellos el exfiscal Francisco Sandoval que indagó tramas de corrupción que involucraban a los expresidentes Alfonso Portillo, Álvaro Arzú, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina. Otros más están presos, como la antigua fiscal Virginia Laparra, a quien Amnistía Internacional considera “presa de conciencia”.
La acción autoritaria implicó, no podía faltar, el ataque a la prensa libre. La circulación del diario elPeriódico fue cancelada en 2022 y su director, el periodista José Rubén Zamora, también está en prisión.
En ese clima de deterioro legal y asfixia a las libertades hubo elecciones este año. Con distintos recursos, se fue excluyendo de la contienda a figuras como la líder indígena Thelma Cabrera o el defensor de derechos humanos Jordán Rosas. De 22 fórmulas de presidente-vicepresidente que contendieron, 19 se ubicaron en el espectro político de la derecha. Los resultados de la primera ronda, el 12 de junio, fueron sorpresivos: ganó el voto nulo con 17 por ciento de los votos, luego quedó Sandra Torres —que fue primera dama en la presidencia de Álvaro Colom y de quien se divorció para poder ser candidata presidencial en 2011— con 16 por ciento y, enseguida, Bernardo Arévalo con 12 por ciento de los sufragios. El partido del gobierno, Vamos, no logró ir a la segunda vuelta.
Cuando avanzaba el cómputo de votos de la primera vuelta en junio, una orden judicial, invadiendo la competencia electoral, ordenó el recuento de sufragios. Después, la fiscalía pidió y consiguió que se cancelara el registro de Movimiento Semilla por un juez penal, cuando la ley en Guatemala prohíbe prescribir partidos que son parte de un proceso electoral en curso. Para quienes detentan el poder en Guatemala, Movimiento Semilla era legal hasta que tuvo el atrevimiento de desplazar a los partidos tradicionales.
Tras sortear distintas batallas jurídicas, Arévalo estuvo en la boleta y con su compañera de fórmula, la bióloga y química Karin Herrera, obtuvo el 61 por ciento de los votos en la segunda vuelta del 20 de agosto. Ahora se allana la sede del Tribunal Supremo Electoral y, ante el riesgo de que se quiera impedir la toma de protesta de Arévalo en enero, el conflicto llegó a las calles.
Cuando un presidente o un grupo ven al poder público como patrimonio propio, usan a las fiscalías para perseguir opositores, desean capturar al Poder Judicial y someter a las autoridades electorales, atacan y acallan a la prensa, entonces el siguiente paso es desconocer un resultado electoral que no fue de su gusto. Se trata de una crónica anunciada del intento de asesinar a una democracia, aquí cerca, en nuestra frontera sur.
Si la casa del vecino arde en llamas, tu misión es socorrerlo y tomar medidas en tu propio hogar, no limitarte a cambiar el canal de televisión.
El autor es economista, profesor de la UNAM.