Ningún cuarto de hotel quedó a salvo, ningún comercio resultó intacto, no hay una sola fuente de trabajo que no haya sido dañada por el huracán Otis en Acapulco. Estamos, con alta probabilidad, ante la mayor catástrofe que se haya cernido sobre una ciudad completa en la historia del país.
Para hacerse una idea inicial del daño al empleo, conviene ver las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. Los trabajadores de Acapulco laboraban de por sí en condiciones generales de informalidad, precariedad y bajos salarios. Recuperar el sustento de las familias de Acapulco, para no profundizar la crisis económica y social, debe ser una prioridad del Estado y la sociedad mexicana. Veamos los datos del empleo arrasado.
Al final del segundo trimestre de 2023, el INEGI estimó que en la fuerza de trabajo en ese destino turístico la componían 313 mil personas, de las que 308 mil estaban ocupadas (98.2 por ciento).
Del total de trabajadores acapulqueños, 204 mil, dos terceras partes del total (66.4 por ciento) eran subordinados, es decir, laboraban para un patrón. Otros 77 mil, una cuarta parte del total (25 por ciento), lo hacían por cuenta propia. Además, 14 mil eran empleadores (4.5 por ciento).
¿En qué trabajaban? Como es evidente, en actividades turísticas y en los servicios que de ellas se desprenden: 82 de cada 100 trabajadores estaban en el sector terciario (253 mil personas) de la economía. De ellas, 66 mil en el comercio (22 por ciento), 57 mil en restaurantes y hoteles (19 por ciento), 17 mil en actividades de transporte (5.0 por ciento), 27 mil en servicios profesionales, financieros y corporativos (9.0 por ciento), 29 mil en servicios sociales (9.0 por ciento), 42 mil en servicios diversos (14 por ciento) y 14 mil en el gobierno (5.0 por ciento). En cambio, el sector primario, que comprende a la agricultura y la ganadería, en Acapulco ya era casi inexistente: mil 350 personas (uno por ciento). En el sector secundario, esto es, en las actividades industriales y de transformación, trabajaban 51 mil personas (17 por ciento), de las que la mayoría, 28 mil (9.0 por ciento del total), lo hacía en la construcción.
Se trataba, en la enorme mayoría, de empleo generado por micro y pequeñas empresas. Sólo 8 mil trabajadores (3.0 por ciento) eran contratados por grandes establecimientos y 19 mil (6.0 por ciento) por empresas medianas. Quizá esa minoría (9.0 por ciento) trabajaba en negocios que pudieron estar asegurados frente a la catástrofe y tengan acceso al crédito. En cambio, 152 mil trabajadores (49 por ciento) laboraban en micronegocios y, de éstos, 87 mil (29 de cada 100) ni siquiera realizaban su jornada en un establecimiento, pues su lugar de trabajo era la vía pública. El ambulantaje era su fuente de ingreso.
Además, los trabajadores de Acapulco ganaban, en promedio, bastante mal: 238 mil (77 por ciento) percibían dos salarios mínimos o menos al día. Sólo mil seiscientas personas (uno de cada cien) ganaban cinco salarios mínimos o más, es decir, tenían un ingreso laboral superior a los 30 mil pesos mensuales. Como se desprende de esa cifra, casi todos vivían al día, sin capacidad de ahorro. Sin empleo, sin ahorros: las familias de Acapulco están en una situación crítica, desesperada.
Otro ángulo de la frágil situación del empleo que había en Acapulco es su alta informalidad. De los 308 mil ocupados, sólo 120 mil eran formales (39 por ciento), mientras que 188 mil laboraban (61 por ciento) sin contrato ni prestaciones. La exención del pago de cuotas al IMSS será una medida oportuna, pero más que insuficiente para reactivar el empleo que sostenía al grueso de los habitantes de Acapulco.
Casi la mitad de los trabajadores de Acapulco (46 por ciento) se encontraba en condiciones críticas de la ocupación antes del huracán. Hoy, nada tienen.
De acuerdo con el censo de población de 2020, en Acapulco había 224 mil viviendas. Ahora están dañadas o destruidas. Su reconstrucción con técnicas y materiales adecuados en un territorio vulnerable a huracanes —no se trata de repartir láminas—, debe ser una prioridad.
Poner de pie a Acapulco —y no sólo al puerto, sino al conjunto de municipios afectados—, a su economía, requerirá recursos, planes, acciones extraordinarias desde el sector público. Se necesita la mano visible del Estado. Ello exige que el gobierno deje de minimizar la tragedia y, por una vez, actúe como algo más que como una agencia de propaganda electoral.
El autor es economista y profesor de la UNAM