Sin venir a cuento, durante la aprobación de la legislación secundaria de la reforma al Poder Judicial, se introdujo un cambio sustantivo que altera la vida del Instituto Nacional Electoral (INE) como órgano colegiado. Además de la destrucción de la división de poderes que implica la captura por la mayoría política de jueces, magistrados y ministros, se adelanta un daño colateral sobre el árbitro electoral. Veamos.
Desde que en 1996 el gobierno fue retirado de las tareas electorales, el funcionamiento del Instituto Federal Electoral (hoy INE) se sostuvo sobre tres pilares clave: 1) autonomía frente al gobierno; 2) profesionalismo a través de un Servicio Profesional Electoral y 3) colegialidad para adoptar las decisiones fundamentales. Los tres están en riesgo.
En 2022, con la reforma electoral conocida como plan A se buscó terminar con la autonomía del INE —primer pilar—, pues la elección popular de los consejeros electorales implicaría su adhesión a la mayoría política de Morena. El intento fracasó, pero está en los 100 puntos de gobierno de la presidenta Sheinbaum.
En 2023 con el plan B se quiso desaparecer el Servicio Profesional Electoral —segundo pilar—, pero el lance naufragó al ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte debido a vicios en el procedimiento legislativo. Si el servicio de carrera se ha anulado en el Poder Judicial, ¿se respetará el ingreso por concurso y la promoción con base en el mérito en el Servicio Profesional del INE? A la luz de los hechos parece difícil.
En 2024, la vida colegiada al interior del INE, el tercer pilar, se empezó a derruir.
Desde el nacimiento del IFE autónomo, se estableció en la Constitución que la Secretaría Ejecutiva sería designada por dos terceras partes de los consejeros electorales a propuesta de la presidencia del instituto y la ley definió que también los directores ejecutivos debían ser nombrados por el Consejo General.
La lógica es diáfana: los altos funcionarios encargados de operar la organización de las elecciones debían de merecer la confianza del Consejo General, no solo del consejero presidente. Al ser designados por el Consejo en sesiones públicas, los partidos políticos podían cuestionar las propuestas. El consejero presidente tenía la obligación de presentar perfiles de personas con alta competencia técnica, experiencia y prestigio para convencer a los consejeros electorales y generar confianza en los partidos políticos. Era una operación de transparencia y exigencia para que al frente de tareas tan delicadas como conformar el padrón electoral, registrar a nuevos partidos, dar financiamiento público, instalar las casillas, coordinar los cómputos distritales, fiscalizar ingresos y gastos de candidatos, y un largo etcétera, hubiese gente proba y probada.
Cuando el IFE se transformó en INE, incluso se dificultó el método para hacer los nombramientos: la ley dispuso que todos los cargos, no solo la Secretaría, debían ser respaldados por la mayoría calificada del Consejo, con al menos ocho de once votos. Así fue invariablemente… hasta 2023.
Desde abril del año pasado, la Secretaría Ejecutiva del INE se ha cubierto con meras encargadurías de despacho; lo mismo ocurre con distintas direcciones ejecutivas y unidades técnicas.
Ahora, de última hora y sin discusión, el Congreso aprobó un cambio en la ley electoral para que la consejera presidenta designe unilateralmente a los directores del INE, quienes deberán el cargo a una persona y no al Consejo. La presidencia ya no deberá convencer a sus colegas, les puede imponer. Se introduce un neopresidencialismo en el INE. Se da una facultad unipersonal de la época en que la autoridad electoral era encabezada por el secretario de Gobernación. ¿Habría Morena otorgado tal poder a una presidencia del INE que fuese autónoma ante ellos?
Esta decisión contra la vida colegiada del INE se da a pesar de que el gobierno contó con siete de los once consejeros para obtener la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Pero eso no bastó: al eludir a los consejeros autónomos, el oficialismo podrá controlar a los altos cargos ejecutivos del INE aun antes de concretar la reforma electoral constitucional. El mensaje es claro: la independencia y el profesionalismo en el INE son obstáculos para el mayoritarismo autoritario.
La capacidad de resiliencia de la democracia, y de todo sistema, pasa por identificar sus amenazas: el asalto final sobre el INE autónomo ya comenzó.