El día de su toma de posesión, la presidenta Sheinbaum hizo explícito su encomiable propósito de impulsar la transición energética hacia fuentes renovables y colocar a México como ejemplo contra el cambio climático (punto 66 de sus 100 compromisos de gobierno). Sin embargo, días después la mandataria presentó una reforma constitucional en materia energética que va en sentido contrario.
La reforma constitucional plantea: 1) volver a Pemex y a la CFE empresas públicas, dejando de ser empresas productivas del Estado; 2) que el grueso de la generación de la energía eléctrica corresponda al sector público y, 3) en el despacho de electricidad las empresas privadas en ningún caso tendrán preponderancia sobre la CFE. Veamos las implicaciones de los tres contenidos.
Primero, cuando se señala en el artículo 28 constitucional que las empresas ahora públicas deben evitar “el lucro”, ¿por ello se entiende que renunciarán a obtener ganancias en su operación? Tales ganancias son susceptibles de ser gravadas fiscalmente y generar recursos para otras áreas de gasto de la Federación. Pero, sobre todo, si no hay margen de ganancia, ¿entonces la CFE sólo podrá mantener y reponer su infraestructura actual sin generar recursos adicionales para ampliar la inversión en nuevas plantas y así incrementar la producción de electricidad en el país?
Al abandonar el término de empresas productivas del Estado, los objetivos de eficiencia se hacen a un lado y se abre la puerta a que generen costos sociales a través del endeudamiento, mismo que terminarán pagando, como suele ser, los contribuyentes.
Segundo. Aunque el texto de la reforma no menciona porcentajes, las autoridades sostienen que 54 por ciento de la electricidad será generada por la CFE y que, para los privados, quedará el 46 por ciento restante.
Datos oficiales del gobierno de México muestran que la generación de la energía eléctrica a fines de 2022 –dato más cercano– por parte de la CFE y Pemex sumaba 41.8 por ciento, y la de los privados era el otro 58.2 por ciento (29 por ciento por Productores Independientes de Energía, PIE, que venden a la propia CFE y 29.2 por ciento por permisionarios). La presidenta Sheinbaum afirmó el primero de octubre que con la compra de plantas a Iberdrola (que no significó aumentar la generación de energía, sino destinar 6 mil 200 millones de dólares a pagar por plantas ya existentes en el territorio), el sector público alcanzó el 54 por ciento de la generación.
Si es así, la nueva producción total que se haga en el país deberá constreñirse al ritmo de la ampliación que realice la CFE. Pero cabe recordar que el gobierno anunció que: a) renuncia a una reforma fiscal para incrementar la recaudación; b) reducirá el déficit fiscal en los años inmediatos y, c) va a ampliar los programas sociales. Por tanto, no va a haber recursos para que se incremente la inversión pública, de por sí famélica. Tampoco en energía. Por cada 54 MW adicionales que logre producir la CFE, los privados sólo podrán generar hasta 46 MW; por disposición constitucional, tendrán prohibido expandir la generación a un ritmo mayor.
Tercero. La capacidad instalada de la CFE, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), para producir con fuentes limpias era sólo de 33.2 por ciento al fin de 2022. Así que más de dos terceras partes de la capacidad de la CFE operan con fuentes fósiles, las más contaminantes. Al adquirir plantas de ciclo combinado a Iberdrola, que utilizan gas, ese porcentaje empeoró.
Los permisionarios, según la misma fuente oficial, cuentan con una capacidad de 61 por ciento de producción con energías limpias. Para enfrentar el cambio climático, son esas fuentes las que deberían aprovecharse al máximo. Pero como la reforma dispone que en el “despacho de energía”, esto es, en la electricidad que se inyecta a la red de transmisión tendrá preponderancia la CFE aunque sea más cara, sus fuentes fósiles (carbón, gas, diésel) se van a utilizar antes que las tecnologías limpias renovables (eólica, fotovoltaica o geotérmica).
La reforma atenta contra una política de transición energética que implica usar las tecnologías más eficientes desde el punto de vista ambiental y económico. Pero no, primero los fósiles.
N. B.: Agradezco al profesor José I. Casar por las gratas conversaciones que dieron lugar a este artículo, y lo exculpo de cualquier error en lo aquí escrito.