El 5 de noviembre de 2024 feneció la joven democracia constitucional en México. Con la decisión de la Corte de no frenar la reforma que anula la independencia del Poder Judicial culminó la asfixia a la división de poderes. Se apagó así todo signo vital de contrapeso al poder desde las instituciones formales.
La democracia mexicana fue alumbrada en 1997, cuando de unas elecciones genuinas surgió una Cámara de Diputados sin mayoría del oficialismo. Se dieron los primeros pasos de los gobiernos divididos, donde el presidente en turno no tenía bajo su control al Congreso. Por fin la Presidencia dejó de imponer su voluntad.
Ese nacimiento democrático fue fruto de una larga y complicada gestación: el reclamo libertario de 1968, avasallado de forma criminal, permitió que en la década siguiente se diera la reforma de la apertura política. Se institucionalizó en la arena electoral la disputa política real. El pluralismo de la sociedad mexicana fue el nutriente de la democratización. En los años ochenta vendría el descontento por la crisis económica y la controvertida elección de 1988. De esa crisis de legitimidad del régimen surgieron reformas electorales para tener comicios limpios y después equitativos.
Las alternancias, que habían empezado en los gobiernos municipales y locales, alcanzaron a la Presidencia en el año 2000. Los gobernadores ya no debían su cargo a una designación desde la capital del país sino a los electores de los estados.
La independencia del Poder Judicial, con la capacidad de la Corte para arbitrar disputas entre poderes y, como ocurrió, emitir sentencias contrarias al deseo presidencial, completó la división de poderes. Se había superado el hiperpresidencialismo del régimen autoritario.
Comicios íntegros, alternancias frecuentes en los tres órdenes de gobierno y división de poderes se volvieron parte de la vida democrática. El régimen de partido hegemónico se sustituyó por un sistema plural de partidos.
El hilo de la democratización fue electoral, pero no se limitó a esa esfera: cambió el funcionamiento del Estado. La democracia procreó nuevas instituciones, órganos autónomos y profesionales que sirvieron como contrapeso y control al poder político en materia de derechos humanos, transparencia, acceso a la información, medición de la pobreza y un largo etcétera.
Pero la democracia mexicana siempre padeció de precaria salud. Tuvo el mal hábito de no combatir las afecciones sociales más graves del país: la desigualdad y la pobreza masiva. La cuestión social no estuvo en el centro de la agenda democrática. Encima, la atacaría una infección de violencia delincuencial.
La muerte de la democracia constitucional no fue por causas naturales. Se trató de un crimen perpetrado con premeditación, alevosía e indebida ventaja. Quienes desfiguraron la Constitución a su antojo para anular la división de poderes lo hicieron a partir de una mayoría calificada espuria que no lograron en las urnas: nueve de cada 20 mexicanos votaron en 2024 por opciones distintas al oficialismo. El discurso de que hay un pueblo monolítico es una falacia autoritaria: en México el 45 por ciento de la ciudadanía, casi la mitad, sigue dando su apoyo electoral a otras opciones.
La complicidad de las autoridades del INE y el Tribunal Electoral, al otorgar la mayoría calificada artificial, permitió liquidar la independencia del Poder Judicial, desaparecer o capturar a los órganos autónomos e imponer medidas que impiden la defensa de minorías y ciudadanos contra abusos mayoritarios plasmados en la Constitución.
A la muerte de un organismo sigue su descomposición: la mayoría fáctica ampliará el catálogo de causas para aplicar la prisión oficiosa. Hedor autoritario.
La democracia constitucional dejó de existir. En su lugar queda un régimen híbrido: con elecciones disparejas y un poder arbitrario sin contrapesos.
Pero no todo está perdido: siguen vivos millones de ciudadanos demócratas y México sigue siendo una sociedad denodadamente plural que no cabe en el molde de un solo partido.
Los autoritarios quieren silencio, apatía, sumisión. Al contrario, ahora es indispensable persistir para alumbrar de nuevo a la democracia. Ello exige actuar justo por la vía democrática: por la política legal, institucional, pacífica, que defiende las libertades, el diálogo, la razón y acude a las elecciones. El camino será largo, sí, pero renunciar a andarlo sería condescender con quienes han ultimado el crimen.