Los últimos 2 años han sido estratégicos en el inicio de cambios estructurales en la industria inmobiliaria.
En especial, los enfocados a nuevos criterios encaminados a robustecer en las empresas las políticas de ESG (Environmental, Social and Governance) por el impacto que generan.
Al inicio de 2021 comentamos cómo el impacto y la sostenibilidad están desde entonces por encima de la reputación que deja la rentabilidad.
Se trata no sólo de los criterios asumidos de manera voluntaria, sino la forma en que las empresas con criterios ESG logran a través de financiamiento preferente, e incluso cómo los asesores en inversiones y carteras ponen sobre la mesa proyectos generados bajo este criterio.
En materia de medio ambiente, las empresas globales del sector han anunciado planes de descarbonización, dado que el entorno construido representa o genera actualmente 40% de las emisiones de carbono.
JLL, CBRE, Cushman & Wakefield (C&W) son solo parte del grupo de firmas que incorporan el 2030 como un paso inicial, que encontrará en 2050 un cero consumo energético en respuesta a los compromisos contemplados por los organismos internacionales.
En fecha reciente, John Forrester, CEO de C&W, confirmó compromisos de reducción de emisiones absolutas de gases efecto invernadero en sus oficinas corporativas y operaciones en un 50%, además de lo generado en el involucramiento de clientes clave y cero emisiones netas en 2050.
La evolución es complementada por temas de gobierno corporativo, además de políticas de inclusión que, además, incorporaron más de 36 mil horas de formación de empleados en seguridad y salud. Son caminos enfocados a crear un impacto en las áreas señaladas.
Pese al impulso global, el camino en México no ha sido fácil. La última encuesta desarrollada en 2021 por RHO-Partners sobre el Estado del ESG revela que los tres principales obstáculos para su instrumentación son la comprensión del tema, la posibilidad de la instrumentación y la falta de guías, entre otros.
La expectativa chocó con la realidad de un sector inmobiliario que apenas logra lidiar con aspectos como el cambio en el modelo de trabajo y el uso de oficinas.
Sin embargo, la educación sobre estos criterios está siendo una necesidad de prioridad para mantener los mismos niveles que se tenían, al menos antes de la pandemia.
Finsa, Fibra Uno, Fibra Monterrey, Vinte y Vesta son algunos de los que han asumido compromisos hacia el inmueble, pero también cómo los propietarios y proveedores interactúan en un ambiente dotado de políticas ambientales, social print y gobierno corporativo.
Es un proceso de afinidad para adoptar medidas alineadas a estos criterios. La tendencia sobre el cero consumo energético empezó en Estados Unidos hacia
2012, cuando según el Institute for Building Efficiency, decenas de edificios estaban certificados al incorporar acciones que partían de un modelo de construcción y operaciones inmobiliarias que no queman combustibles fósiles, no producen emisiones de carbono e incluso producen su propia energía para compensar su consumo anual.
Desde entonces, la preservación del medio ambiente a través de la automatización, uso de materiales y diseño arquitectónico en los edificios de oficinas públicas y privadas, escuelas y centros comerciales trasciende el control del consumo energético.
Sólo en el aspecto ambiental, el modelo de negocio establece lapsos de recuperación en la inversión que llegan hasta 15 años, además de las ventajas del modelo en materia de reducción de consumo energético y la consecuente adquisición de bonos de carbono.
Se trata de una revolución sin retorno donde los criterios de eficiencia energética, responsabilidad social y gobierno corporativo continuarán alineando la operación tradicional, luego de los profundos cambios que dejó la pandemia.
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