La recuperación que vive el país es sumamente desigual, existen regiones en donde la actividad económica se recupera y se están creando empleos, en tanto otras se recupera la actividad económica pero no se crean empleos, y otras donde se sigue perdiendo empleo. El empleo al final de 2019 alcanzaba 55.7 millones de personas, en diciembre de 2020 se situó en 53.3 millones y al finalizar el primer trimestre de 2021 alcanzó 52.9 millones. A esta pérdida de empleo se sumó la desaparición de empresas durante la pandemia, todas aquellas que no lograron sobrevivir al impacto del colapso económico, de acuerdo con el reporte presentado por Inegi sobre la ‘Demografía de los negocios’, 79 por ciento de los negocios lograron sobrevivir, pero 21 por ciento tuvieron que cerrar sus puertas, dándose una mayor tasa de sobrevivencia entre los negocios informales que en los formales, esto muestra un país que marcha a diferentes velocidades, lo que se ha combinado con una creciente violencia en ciertas regiones del país.
En ciertas regiones la pérdida de empleo ha sido importante, como en el caso del Estado de México y la Ciudad de México, en donde conjuntamente perdieron más de millón y medio de puestos de trabajo, generando una situación de inestabilidad en una región neurálgica que concentra a gran parte de la población del país. Esto contrasta con ciertas regiones en donde el empleo se ha recuperado y ha crecido sobre el nivel de finales de 2019 como es el caso de Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Durango, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Yucatán. La pregunta que surge es: ¿qué es lo que está sucediendo, por qué tenemos un país que está operando a diferentes velocidades? Las regiones en recuperación están más ligadas a actividades de exportación, tal como es el caso de Coahuila–Nuevo León y la región de Aguascalientes–Querétaro. Algunas entidades con actividades agrícolas que han logrado recuperarse han sido Chiapas, Durango y Nayarit.
Esto muestra un crucigrama regional difícil de ajustar que requiere de una política diferenciada en donde se creen programas de apoyo a los negocios para que generen empleos formales remunerados, en esta perspectiva se debiera poner un programa conjunto entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo para diseñar una estrategia que permita apoyar a los gobiernos estatales a crear incentivos para reactivar la economía local e incentivar la creación de nuevos empleos.
El problema más grave es aquellas entidades federativas en donde se ha perdido empleo y existen actos de violencia importante como es el caso de Tamaulipas y Zacatecas. Estas entidades requieren de programas especiales, no se puede pensar en una mecánica simple. Es necesario pensar en estrategias que generen empleos que desincentiven a los jóvenes a enrolarse en tareas delictivas. Tamaulipas es un caso difícil porque es frontera y tal vez la frontera más violenta, en donde se ha venido a sumar la migración de centroamericanos. La delincuencia ha comercializado el cruce de la frontera como un nuevo mecanismo para allegarse recursos. En este caso se requiere de una acción más compleja en donde no sólo se incentive el empleo local, sino una estrategia conjunta entre el gobierno del estado, con el Instituto Nacional de Migración, la Defensa Nacional y las autoridades fronterizas de Estados Unidos. El país no puede permitir que se repitan los acontecimientos de Reynosa, pero para ello es necesario que las autoridades creen un consejo interestatal con Nuevo León y Coahuila para conjuntamente rediseñar la zona fronteriza. El viaje de la vicepresidenta Kamala Harris a la frontera dio muestra fehaciente de la preocupación que existe por lograr mecanismos para detener la migración. Habrá que hacerles entender a los vecinos del norte que este proceso es más complejo y que requiere de un reordenamiento de la frontera conjunta. La mejor forma de detener la migración es crear una zona de coprosperidad en la frontera, no un área de seguridad como sugería la administración Trump, y que ahora sigue impulsando a través de los gobiernos republicanos que lo reciben, como es el caso de Texas.
Es un gran reto el que se le presenta al país, tenemos que entender que las cosas no se arreglan por sí solas, para eso existe la política pública para conciliar donde hay conflicto, no para ahondar las diferencias y generar más conflictos. Se requiere una estrategia nacional de empleo productivo, para aprovechar las capacidades de millones de jóvenes que se encuentran en el desamparo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es muy pequeño, requerimos programas más ambiciosos que lo refuercen. Sin embargo, se requiere de un fuerte programa de inversiones público-privadas en las zonas más afectadas por el desempleo, desde macromercados de empleo como es la zona metropolitana de la Ciudad de México, que se irradien hacia la frontera norte y la frontera sur. No es momento de escatimar recursos, la Secretaría de Hacienda debe crear un fondo especial para esta emergencia, no podemos permitir que México transite como un país a diferentes velocidades, ya que ello implica un alto costo social, combinado con violencia.