En los últimos años se ha venido incrementando el número de niños migrantes, de acuerdo con el reporte que prepara CONAPO/ BBVA la cifra de aprehensiones de niñas, niños y adolescentes sin acompañamiento por las autoridades migratorias de Estados Unidos pasó de 18,411 en 2010 a 144,834 en 2021, es decir, se multiplicó por ocho. En 2022, las cifras que dan a conocer las autoridades de Estados Unidos (US Customs and Border Protection) muestran que estas cifras siguen en aumento, lo cual da cuenta de un proceso de desintegración social al que no se le está prestando atención y que muestra un grave problema para la sociedad mexicana y para los países de América Central.
En el período 2010 a 2021, la migración hacia Estados Unidos de niños sin acompañantes alcanzó los 608,607, el 33 por ciento de Guatemala, 27 por ciento de México, el 21 por ciento de Honduras, y el 16 por ciento de El Salvador. Esto da muestra de que en México y Centroamérica no se han generado condiciones para mantener la unidad del núcleo familiar. La UNICEF, la agencia de Naciones Unidas para la Infancia, señala que ha habido un aumento de niños migrantes de México desde el inicio del año 2021. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, denuncia este alarmante aumento y explica que “estos niños llegan después de peligrosos viajes de hasta dos meses, solos, agotados y con miedo. A cada paso corren el riesgo de ser víctimas de la violencia y la explotación, del reclutamiento por parte de las bandas y de la trata, que se ha triplicado en los últimos 15 años”.
La situación de los menores se ve agravada por los cierres y restricciones causados por la pandemia, con unos 11 millones de niños sin escolarizar que provocan la pérdida de todas las características de una infancia normal: aprendizaje, seguridad, rutina, esperanza. Esta situación debiera motivar una reflexión sobre la desintegración de los núcleos familiares derivados de la precariedad y la decisión de los niños y jóvenes para emprender la larga aventura de la migración.
Esta situación deriva en buena medida de la desestructuración del mercado laboral en México y los países centroamericanos. En el caso de México, al cierre del tercer trimestre de 2022, la economía informal incorporó a 500 mil personas, con respecto al mismo periodo de 2021, con lo que se alcanzó un total de 31.9 millones de personas con un empleo informal, lo que representó 55.6 por ciento de la población ocupada en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Esta situación es más elevada en ciertas entidades federativas, como es el caso de Oaxaca (81.7 por ciento); Guerrero (79.3 por ciento) y Chiapas (77.7 por ciento), que son las entidades en donde surgen los mayores flujos de niños migrantes.
La situación en las zonas rurales pareciera no progresar; es en estas zonas donde la pobreza se entrelaza con la desesperanza y es lo que pareciera detonar las decisiones de migrar en la expectativa de encontrar un escenario mejor después del largo camino para llegar a la frontera norte, en donde no se garantiza nada más que la expectativa de alcanzar un lugar en donde se puedan encontrar condiciones menos adversas para la subsistencia humana. Sin embargo, la frontera no asegura nada, si bien el gobierno del presidente Biden emitió un decreto para que los niños migrantes no acompañados no fueran expulsados al cruzar la frontera y se les diera atención especial, esto fue contravenido después por el gobierno de Texas, lo que deja a los niños en una especie de indefinición, es decir, el alcanzar la meta de llegar a la frontera no les asegura nada, sino una serie de contradicciones, creando un espacio de incertidumbre permanente.
El problema que se presenta es que no existe una política pública para atender esta situación, parecen hacerse oídos sordos a esta situación desde las oficinas gubernamentales, lo que es necesario entender es que no es cualquier tipo de migración, sino que se trata de la población más frágil dentro de la sociedad mexicana, la de los menores que se les ha desintegrado sus hogares y que no encuentran otra opción más que huir de la terrible situación en que se encuentran sus hogares. Se requiere que el gobierno mexicano se haga cargo de esta situación, no se puede dejar que los menores transiten por el territorio en condiciones precarias, esperando que el azahar les permita llegar a la frontera, en donde su suerte no está definida, sino que empieza otra aventura de adentrarse a un gobierno extranjero con mil caras, muchas de ellas peores de las que podrían encontrar en su propio país. En la suerte de estos menores está en juego la legitimidad de nuestras instituciones que han dejado a su suerte a los más desvalidos de la sociedad y que debieran ser el compromiso por un país más justo, con expectativas para todos.