La tragedia ocurrida la última semana de marzo en Ciudad Juárez con la muerte de 39 personas en un centro de detención de migrantes, a tan solo unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, es una llamada de atención sobre la inhabilidad de los gobiernos mexicano y estadounidense para construir conjuntamente una política migratoria que evite que estos acontecimientos se repitan a lo largo y ancho de la frontera. Los campos de refugiados se han vuelto una pesadilla y los centros de retención para los expulsados manejados por el Instituto Nacional de Migración dan muestra de un drama sin fin de la miseria, la persecución, el desarraigo y la privación. Para dimensionar lo trágico de este proceso, se requiere señalar que desde marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2022, Estados Unidos ejecutó 2.548.284 deportaciones bajo el Título 42 y otras 2.539.990 expulsiones bajo el Título 8, otra norma de similar calado. Estas cifras ilustran el tamaño del problema y en esa dimensión se debería construir una política migratoria más sensible a lo que está aconteciendo.
Lo ocurrido en Ciudad Juárez es consecuencia de la inhabilidad de dimensionar este problema, nos hemos convertido en un país en tránsito, origen y destino de procesos migratorios que han alcanzado cifras récord en 2022. En este año el número de detenciones a migrantes que transitaban por territorio nacional en una situación ilegal alcanzaron 444 mil 439, un 45 por ciento superior a las de 2021. No es un proceso estático, sino que se va moldeando poco a poco, de acuerdo con la situación económica y política de Centroamérica, el Caribe y el norte de América del Sur.
El problema es sumamente complejo y tiene diferentes facetas que deberán analizarse con detenimiento. La nueva dinámica de la migración es resultado del bajo crecimiento de los últimos años, ahondado por la pandemia que ocasionó que grandes núcleos de latinoamericanos tengan que instaurar caravanas en búsqueda de condiciones de sobrevivencia (un libro que ahonda sobre este tema es el de Eduardo Torre Cantalapiedra titulado Caravanas) a lo anterior se suma que México aceptó jugar el papel de contención pactada con la administración Trump durante la pandemia bajo el Título 42, medida que abrió la puerta para expulsiones de forma inmediata de migrantes irregulares. La administración Biden no ha tenido la fuerza para derogar esta iniciativa y planteó que solo las personas que soliciten asilo estadounidense desde sus países de origen podrán cruzar la frontera. A principios de enero, el presidente Biden propuso otra vía para reducir la afluencia en las fronteras y admitir mensualmente a 30 mil ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití que tengan un “patrocinador” en Estados Unidos.
En esa perspectiva ha endurecido su política migratoria, desde marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2022, Estados Unidos ejecutó 2.548.284 deportaciones bajo el Título 42 y otras 2.539.990 expulsiones bajo el Título 8, otra norma de similar calado. Solo en 2022, la policía fronteriza estadounidense realizó 2.578.184 detenciones de migrantes —un 31 por ciento, el mayor número, eran mexicanos—. “Al igual que en el caso de los encuentros registrados por las autoridades migratorias mexicanas, el número de encuentros registrados por las autoridades estadounidenses en la frontera sur del país a nivel anual alcanzó niveles históricos en 2022″, explica la Organización Internacional de Migraciones.
En esta perspectiva ante el endurecimiento de las políticas de migración por parte de Estados Unidos, México ha aceptado pasivamente fungir en la práctica como tercer país seguro, lo que indudablemente ha saturado los refugios de migrantes tanto en la frontera norte como en el sur. El gobierno debería demandar un acuerdo amplio al respecto, que permita construir una infraestructura amplia que dé garantías y seguridad. Se requiere partir del principio de que los migrantes no son delincuentes, y por lo mismo los centros para su albergue deberán estar administrados por civiles.
Para reordenar este proceso se requiere tener en mente que estamos transitando en América del Norte hacia una creciente integración de los mercados laborales, que se ha ido construyendo paso a paso, y la aspiración es que se pueda diseñar un acuerdo trilateral en la próxima década. Sin embargo, requerimos de acuerdos precisos que den pauta a esta transformación.