El país recibió el viernes pasado el Paquete Económico 2024, donde se dejó entrever las propuestas para la próxima administración. El cierre muestra los presupuestos destinados a los proyectos prioritarios de la administración, como se dice se echa toda la carne al asador, la gran apuesta es el Tren Maya, al cual destina 120 mil millones de pesos, garantizando con ello su puesta en marcha. Sin embargo, a los otros proyectos les otorga menos recursos: 39 mil 475 a las obras hidráulicas de la Conagua, lo cual es necesario para lograr una mínima administración del agua. Lo que sorprende es el escaso presupuesto que se otorga al desarrollo del istmo de Tehuantepec, de apenas 21 mil 93 millones de pesos, cuando en realidad este debería ser el proyecto prioritario para el cierre de la administración, dadas las condiciones que prevalecen en el Canal de Panamá.
A lo anterior se suma un hoyo negro que se hereda a la próxima administración, que es lo que sucede en Pemex, ya que no se logró transformar a la empresa de ser una petrolera moderna a una empresa de energía capaz de competir en los mercados internacionales, como es el caso de Equinor, la empresa noruega que logró transformarse de una empresa petrolera del Mar del Norte en una empresa energética internacional, con sede en Noruega y 22 mil empleados en 30 países. En la última década decidió convertir los recursos naturales en energía para las personas y progreso para la sociedad. Su objetivo fue transformarse en una empresa líder en la transición energética, abriendo nuevos caminos, creando valor y suministrando energía a la sociedad en la expectativa de alcanzar el cero neto para 2050. Se requiere diseñar una estrategia para Pemex, ya que, si bien era necesario reducir la carga fiscal de 40 a 35 por ciento, y otorgarle 145 mil millones de recursos para cubrir su deuda, esto no se hizo pensando en una perspectiva de cambio de la empresa petrolera a empresa de energía. De esta forma, la transformación de la empresa parece ser una de las tareas pendientes y que se hereda a la nueva administración.
El Presupuesto muestra las debilidades estructurales de la sociedad, así tenemos el caso de las pensiones, si bien en el Paquete Económico se reconoce el envejecimiento de la población, sin embargo, no se plantea una estrategia que permita reducir la carga de las pensiones en una visión dinámica. Para ello, se requiere elevar el crecimiento para garantizar mayores recursos para todo, un crecimiento de tres por ciento no permite desahogar los pendientes, se requiere crecer más para que esto permita contar con más recursos para el bienestar social.
El gran pendiente que no se atendió en esta administración fue el de una reforma fiscal necesaria para no sólo atender las necesidades del país a través del Presupuesto federal, sino también para fortalecer las finanzas a nivel estatal y municipal. A nivel del gobierno federal es la única salida para establecer un piso social básico sostenible, ya que al sistema de seguridad social actual se le han colocado nuevas presiones sin ofrecerle más recursos. Para permitir la viabilidad de todo el sistema de atención a la salud y las pensiones es necesario dotarlos de mayores recursos y eso sólo será viable mediante una reforma fiscal que reestructure el sistema de bienestar social.
En esta perspectiva de cambio se requiere fortalecer el gasto de los estados y el de los municipios y para ello se necesita dotarlos de mayores recursos a través de una reforma fiscal. Actualmente, el 40 por ciento del gasto público ejercido por las entidades federativas proviene del gasto federalizado, se requiere replantear el acuerdo fiscal incentivando a que las entidades federativas y los municipios tengan un papel más protagónico en la perspectiva de inducir procesos de crecimiento a nivel regional menos dependientes del centro.
El país se tiene que rediseñar, ya que la fragilidad imperante da por consecuencia sobresaltos que se convierten en innecesarias luchas políticas internas para obtener recursos fiscales, es necesario establecer nuevas reglas del juego dando un mayor protagonismo a las entidades federativas en el rediseño del país y pensando que las estructuras del gobierno federal requieren ser renovados para enfrentarse a los retos que se tendrán que enfrentar en el período 2024–2030.