A lo largo de la historia el dilema de la inclusión financiera en México ha tenido varias dimensiones y ha reflejado los desafíos que ha enfrentado el país para lograr que una mayor parte de su población tenga acceso y uso efectivo de los servicios financieros formales. La falta de inclusión financiera derivó de una infraestructura orientada a satisfacer las necesidades de los grupos de mayores ingresos en las zonas urbanas, descuidando a las zonas rurales en la prestación de servicios financieros formales, dando lugar a la aparición de un mercado informal que lucra con la prestación de servicios financieros con altas tasas de interés para los más pobres. Esta situación se resolvió en Europa habilitando el servicio postal y telégrafos como un intermediario financiero en el siglo XIX. México tardo en madurar esta idea, incursionando en el siglo XX con los bonos del ahorro nacional, que promovió el ahorro escolar y que funcionó como un primer peldaño pero que desapareció con la crisis de la deuda externa. En tanto se desarrollo un sistema financiero informal en las zonas rurales, y un sistema de cajas de ahorro con poca regulación, dando lugar a sucesivas crisis a finales del siglo veinte.
En una visión de rescate se creó en 2001 el Banco de Servicios Financieros (Bansefi); sin embargo, tuvo un enfoque limitado, posteriormente en 2019 se transformó en Banco del Bienestar, el cual tuvo un limitado papel. Ante esta situación se repensó la estrategia, para lo cual se decidió utilizar la infraestructura de telégrafos (Telecom) y fusionar el programa de crédito a la palabra otorgado en el año 2020 para crear una instancia financiera que pudiera llegar a una población más extensa, creándose Financiera para el Bienestar.
Esta institución está pensada en una visión de territorio y no de escritorio, cuenta hoy día, con mil 700 sucursales ubicadas en comunidades alejadas, la mitad de estas en municipios con menos de 50 mil habitantes. Ubicadas en donde estaban las oficinas de telégrafos, reconocidas por la población como su única posibilidad para recibir giros nacionales, remesas internacionales, realizar pagos de servicios. El dilema de la inclusión financiera en México no solo se trata de proporcionar acceso a servicios financieros, sino también de garantizar que estos servicios sean útiles y relevantes para las necesidades de la población. Los desafíos estructurales, como la desigualdad, la educación financiera insuficiente, la falta de infraestructura y el alto nivel de informalidad, complican este proceso.
Los servicios financieros conforman una parte importante de la política social del gobierno, señaló Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en el Cuarto Informe de Rendición de Cuentas de la Financiera para el Bienestar. Asimismo, mencionó que la banca de desarrollo priorizó el objetivo de aumentar la inclusión financiera durante la administración actual, destacando que los servicios financieros conforman una parte importante de la política social del gobierno que está por concluir. Además, el subsecretario recordó que, al cierre del 2022, la última cifra disponible, existían 144 millones de cuentas bancarias en el país, que representaron un crecimiento de 25 por ciento en comparación con las cuentas existentes en el 2018. “No sólo se trata de cifras, se trata de asegurar que cada persona, en especial las de menores ingresos, tengan acceso a productos financieros de calidad. Nuestro objetivo siempre ha sido muy claro, que todos los mexicanos, sin importar en dónde vivan, tengan la oportunidad de diversificar sus ahorros de la manera más segura y eficiente”, señaló.
En su intervención, Rocío Mejía, directora de Financiera para el Bienestar, hizo un recuento, señalando que del 2019 al 2024 se entregaron dos millones 843 mil créditos, con una inversión total de 46 mil millones de pesos. Todos estos (créditos) fueron destinados a financiar las actividades productivas de quienes nunca fueron sujetos de crédito. Cabe mencionar que las personas beneficiarias han respondido tan bien, que en estos dos últimos años ya no tuvimos Presupuesto de los Egresos de la Federación para continuar otorgando los créditos”.
Un punto importante en este esfuerzo ha sido la vinculación de la Financiera para el Bienestar a la población de bajos ingresos, otorgándoles entre 2019 y 2023 un total de dos millones 843 mil 675 créditos, que representan una inversión total de 46 mil 268 millones de pesos destinados a financiar las actividades productivas de quienes nunca fueron sujetos de créditos formales. Otro elemento positivo ha sido la promoción para que los migrantes residentes en el exterior realicen las remesas a México a través de la Financiera para el Bienestar sin costo, esto ha permitido la captación de remesas por dos mil 300 millones de dólares al año.
En este proceso se ha logrado el objetivo de fomentar el ahorro formal, ya que se ha permitido a más de siete mil usuarios acceder a Certificados de la Tesorería de la Federación, después de que cerraran un acuerdo con Nafin. Lo anterior, como señaló el subsecretario, ha permitido crear un círculo virtuoso: “detrás de cada número hay una historia, de una familia que por primera vez puede ahorrar de forma segura, de un pequeño comerciante que ahora tiene acceso a un crédito para expandir su negocio o de una mujer que puede recibir remesas directamente en su cuenta bancaria”.
La expectativa es que este esfuerzo de renovación institucional se mantenga y se logre profundizar de forma que la inclusión financiera se alcance por la vía de la innovación y renovación institucional que se ha logrado en este caso.