En los últimos días se han perfilado tres grandes detonadores del crecimiento para la economía del país por parte de la actual administración: energías renovables, vivienda e infraestructura de transporte. En materia energética se ha enfatizado la necesidad de acelerar el crecimiento de las energías renovables como parte de una estrategia para rediseñar al país, para lo cual se requerirá de una reingeniería de la Comisión Federal de Electricidad y de nuevos acuerdos con el sector privado para conjuntamente impulsar este proyecto. No es una cuestión menor, ya que en la administración anterior se cerraron las puertas a un acuerdo para impulsar conjuntamente las energías limpias. La secretaria Luz Elena González Escobar ha señalado la intención de devolver el carácter público a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex y fomentar la inversión privada. Este esfuerzo se requiere definir en forma precisa en el corto plazo, porque será clave para que se armonicen las acciones público-privadas y se alcancen las metas propuestas.
En materia de infraestructura lo que se requiere es un gran acuerdo público-privado de gran envergadura para reconstruir el tejido de comunicaciones que en gran parte del territorio están fracturadas. El cambio climático ha azotado a todo el territorio, por lo que se requiere cautelosamente emprender la reconstrucción y en algunos casos plantear nuevas rutas. La infraestructura incluye redes de transporte (carreteras, puentes, ferrocarriles, aeropuertos), energía (plantas eléctricas, redes de distribución), agua y saneamiento, telecomunicaciones y más. Estos sistemas son la columna vertebral del desarrollo económico, ya que las carreteras y sistemas de transporte eficaces facilitan el movimiento de bienes y personas, lo que reduce los costos de producción, mejora el acceso a los mercados y fomenta la competitividad. Mejorar la infraestructura energética, por ejemplo, garantiza el suministro continuo de electricidad, lo que es crucial para la operación eficiente de las industrias y el comercio. Asimismo, la disponibilidad de una infraestructura sólida atrae tanto la inversión nacional como extranjera. La construcción y el mantenimiento de infraestructuras requieren una gran cantidad de mano de obra, lo que genera empleos directos e indirectos. Lo que requerimos discutir es si este proceso se compartirá entre el sector privado y las Fuerzas Armadas y en esta perspectiva establecer reglas del juego claras que den certidumbre a la participación conjunta.
En este entorno, la vivienda es otro componente clave para el crecimiento, ya que tiene un impacto directo en el bienestar de la población y en la economía ya que mejora la calidad de vida. El acceso a una vivienda digna influye positivamente en la salud, la educación y la productividad de las personas, lo que a su vez impacta el crecimiento económico. El pasado lunes se anunció que a México le faltarán para el próximo año al menos 2.8 millones de viviendas para cubrir las necesidades de la población. Aunque algunos expertos se arriesgan a lanzar números más elevados, esa cifra es la proyección del gobierno de Claudia Sheinbaum, su base para diseñar un nuevo programa, la creación de un millón de viviendas de bajo costo, la escrituración de otro millón y el mejoramiento de unas 450 mil casas. Todo eso a lo largo de los próximos seis años. Ya se había anunciado en campaña el plan, y el lunes ha detallado que prevé destinar unos 600 mil millones de pesos –30 mil millones de dólares– para atajar el problema habitacional. La estrategia apunta también a favorecer al mercado laboral, ya que esperan generar unos seis millones de empleos de manera directa con la construcción de estas viviendas. Los beneficiarios del programa serán principalmente mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores.
El plan está pensado para ejecutarse a lo largo del sexenio. Pero para el primero, el gobierno estima construir 165 mil casas nuevas, mejorar unas 100 mil existentes y regularizar otras 120 mil. El programa lo llevarán a cabo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que creará medio millón, y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que junto al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), levantarán el otro medio millón de viviendas. A través de las tres instituciones buscan llegar a los afiliados a la seguridad social, pero también a aquellos que no tienen ni siquiera esos beneficios.
Este punto será clave en la forma de establecer el acuerdo público–privado que logre estimular a la industria de la construcción. Para evitar conflictos se tiene que aclarar, ya que se esbozó el lunes que será el Infonavit el que construya. Esto se requiere definir de manera clara para evitar conflictos con la industria de la construcción privada. La demanda de viviendas, si se hace de forma adecuada, impulsará el crecimiento de la industria de la construcción, que es una de las principales generadoras de empleo, tanto directo (trabajadores de la construcción) como indirecto (fabricación de materiales, transporte, etcétera). Queda claro que la propiedad de una vivienda suele ser una de las formas más comunes de acumulación de riqueza, y puede estimular la movilidad social. Además, la actividad inmobiliaria genera ingresos fiscales para el Estado a través de impuestos sobre la propiedad y las transacciones inmobiliarias. Asimismo, planificar y construir viviendas dentro de áreas urbanas bien estructuradas ayuda a reducir la desigualdad social, mejora la cohesión social y disminuye los asentamientos informales.
Las sinergias entre infraestructura y vivienda son dos factores que no solo son importantes por separado, sino que también están interrelacionados. Un desarrollo adecuado de la infraestructura es fundamental para la creación de viviendas sostenibles, que a su vez son necesarias para el crecimiento de áreas urbanas y rurales. Las viviendas bien conectadas a servicios de infraestructura como transporte, electricidad y agua no solo mejoran la calidad de vida, sino que también atraen a inversionistas y mejoran el desarrollo económico a largo plazo. En esta perspectiva una inversión estratégica en infraestructura y vivienda no solo estimula el crecimiento económico, sino que también mejora el bienestar general de la sociedad, fomenta la equidad y ayuda a crear economías más resilientes.