En 1973 se estrenó la película de ciencia ficción de 1973, Soylent Green (en español: Cuando el destino nos alcance). La trama abordaba temas como la desigualdad, la escasez de recursos y el colapso ambiental en un mundo indeseable. Esta situación presenta una analogía con las presiones actuales en México y el mundo en torno a la sostenibilidad económica, social y ambiental. El manejo presupuestario y las políticas públicas en 2025 se esperaba que fueran cruciales para evitar futuros escenarios de desigualdad o crisis, sin embargo los Criterios Generales de Política Económica que se presentan a discusión del Legislativo muestran in extenso la escasez de recursos para enfrentar la realidad que vive el país de insuficiencia de infraestructura física.
Por primera vez en mucho tiempo la Secretaría de Hacienda propuso reducir los presupuestos de las más importantes instituciones de educación superior como la UNAM, la UAM y el Politécnico Nacional. La respuesta no se hizo esperar, ante esta disminución de presupuesto la Universidad Nacional Autónoma de México expresó que la reducción impactaría directamente a cerca de 110 mil estudiantes, que cada año son apoyados con algún tipo de beca.
Esta situación deriva del intrincado proceso de elaboración del Presupuesto, en donde los técnicos de la Secretaría de Hacienda en el área de egresos tuvieron que atender la demanda de realizar recortes para que cuadraran los números. Ante lo que estamos es la insuficiencia de recursos para atender de manera eficaz las necesidades básicas de la población. Es evidente la necesidad de una reforma fiscal que reordene las finanzas públicas y dé viabilidad a la construcción de un efectivo piso social básico.
Sin embargo, parece ser que la nueva administración insiste en que no existe necesidad de una reforma fiscal. En entrevista a la Associated Press, la presidenta Sheinbaum dijo que “hay muchas oportunidades de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda”, insistiendo que su gobierno se concentrará el próximo año en “fortalecer la recaudación de aduanas y disminuir los trámites” en el Sistema de Administración Tributaria para elevar la recaudación. La mandataria dijo que las medidas de austeridad no implicarán una afectación en la operación del país, los programas sociales ni las inversiones públicas. De acuerdo al secretario de Hacienda, la recaudación tributaria será la “principal fuente” de financiamiento del plan de ingresos del próximo año, que se estimó en 8 billones de pesos (unos 400 mil millones de dólares), que representarán 14.6 por ciento del PIB, “sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes en términos reales”.
México concluirá este año con un elevado déficit fiscal, que rondará el 5.9 por ciento del PIB, y altos niveles de endeudamiento, especialmente el derivado de Petróleos Mexicanos. Este resulta ser uno de los puntos de controversia de este debate ya que no se ha definido una estrategia para su operación, su deuda es de alrededor de 99 mil millones de dólares, con amortizaciones que requieren liquidarse en los próximos tres años. La pregunta que surge de esta situación es si existe la intención de transformar a la empresa petrolera en una empresa de energía; de ser este el caso, se requiere abrir un debate público sobre la forma en que esta transformación se realizaría y con el fin de dar transparencia al debate debería mostrarse cuáles serían los escenarios de esta transformación. En el corto plazo la Secretaría de Energía debería establecer cuáles son los escenarios sobre los que estaría proponiendo este esfuerzo.
Esta situación tardará en concretarse y por lo pronto tendrá que definirse el monto del déficit fiscal y de la deuda publica; los requerimientos de financiamiento que se estiman en los Precriterios de Política Económica se establecen en 5.9, lo cual se logra ajustando el gasto neto pagado de 26.9 a 24 por ciento del PIB. Lo anterior implica que se darán recortes importantes de alrededor de 3 por ciento del PIB, lo que implica un menor impulso a la economía desde el sector público. Esto, entremezclado con el cambio de administración en Estados Unidos, pone una situación compleja al país en 2025.
El motor de la economía tendría que venir del sector externo, lo cual es un poco utópico con el cambio de régimen en Estados Unidos, lo que implicaría un crecimiento menor a 3 por ciento en 2025, reduciendo el potencial de crecimiento de la economía mexicana. Es momento de una discusión abierta sobre las expectativas de crecimiento para el período 2024 a 2030, de forma que se puedan cuadrar las cifras, lo que implicaría definir con transparencia los compromisos en metas anuales. Es una gran oportunidad para el nuevo gobierno de hacer frente a los retos de reconstrucción del país. Requerimos fortalecer la idea de una política de reformas que fortalezcan el marco institucional para poder establecer metas de aumento de las capacidades productivas y de un nuevo sistema de bienestar que reconstruya el tejido social el cual se ha visto resentido por la violencia a lo largo y ancho del país. Es momento de una construcción compartida del país, sin embargo, para ello se requiere establecer nuevas bases institucionales que garanticen la participación de todos y evitar con ello el conflicto cotidiano que está minando a la sociedad.