Esta semana México se enfrenta a un nuevo reto, la de cambiar su relación comercial con Estados Unidos y Canadá, bajo la perspectiva de dejar de ser un país de bajos salarios, lograr una mayor integración regional y atender de manera prioritaria al medio ambiente. Estos compromisos requieren un cambio sustantivo en la forma como opera la economía, en este terreno es donde se medirá la efectividad de la actual Administración para realizar cambios estructurales.
En el caso de la integración regional, el TMEC fija metas para la industria automotriz estipulando que el 75 por ciento del vehículo haya sido producido en alguno de los tres países –esto significa un aumento de 12.5 por ciento de contenido regional respecto al TLCAN. Es una meta nada fácil de cumplir, demandando un gran esfuerzo para las cadenas de producción de América del Norte. Esto obligará a los grandes productores de la industria automotriz a diseñar estrategias que sustituyan importaciones de los países asiáticos, particularmente de China.
En esta tarea se esperaba que la Secretaría de Economía en su nuevo programa sectorial esbozara los mecanismos para elevar el contenido nacional y regional; sin embargo, en el texto simplemente se menciona que para 2024 se incrementará el contenido nacional en los sectores estratégicos. Esto muestra que se deja al mercado los acuerdos necesarios para que esto se lleve a la práctica, por lo que se requieren de mecanismos específicos que den contenido a la política industrial como instrumento de cambio.
Se requiere establecer comités intersectoriales de planeación que propongan metas y mecanismos para elevar el contenido nacional y regional, no sólo en el sector automotor, sino en todos los sectores de la economía. En este sentido se requiere establecer mesas de diálogo con las cámaras industriales, aprender de las que han tenido logros en esta materia. Es decir un intercambio de experiencias que fortalezcan el perfil de la política industrial.
Contrasta la débil respuesta en materia económica, con la estrategia que se ha seguido en materia laboral, que es una de las áreas más complejas, ya que implica los fundamentos del Estado mexicano. La estrategia seguida se entremezcla con la reforma laboral, que se ha gestionado a lo largo de los últimos años y que finalmente se publicó el primero de mayo de 2019. En este decreto se establecen normas que rigen el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo (destacándose el voto libre y secreto de los miembros de las agrupaciones sindicales) y una gran reforma procesal, de la cual sobresale la intervención del Poder Judicial, ante quien se deberán llevar los juicios (juez laboral, federal o local) desapareciendo paulatinamente las Juntas de Conciliación y Arbitraje (federales o locales).
Como parte de esta estrategia se rediseñó la inspección laboral, creándose el área de Trabajo Digno hacia el interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se reformó el sistema de justicia laboral, y se inició la recuperación del salario mínimo. La expectativa es que lo anterior contribuya a sentar las bases para un crecimiento mayor de los salarios manufactureros en México, y permita reducir la brecha salarial que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. La tarea no será fácil, ya que es un camino muy complejo de transitar, el salario promedio de la fabricación de equipo de transporte al finalizar abril fue de 6.8 dólares la hora de acuerdo a Inegi, y la meta es que alcance los 16 dólares la hora.
El tercer reto para México en torno al TMEC será la cuestión del medio ambiente, en donde se establece que los tres países tendrán que cumplir con acuerdos internacionales firmados entre los que se encuentra el Protocolo de Montreal relativo a las emisiones que agotan la capa de ozono. Además, se incluyen temas de combate al tráfico ilegal de especies, conservación y uso sostenible de la biodiversidad y basura marina, los cuales son fundamentales de atender no sólo para dar cumplimiento al mismo tratado sino por el bienestar de los mexicanos. Sin embargo, hasta el momento no es clara la estrategia que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implementará para garantizar el cumplimiento regional de este capítulo.
Hacia adelante se entrevé un camino sinuoso que puede comprometer el futuro del país, al no garantizar que las estructuras y capacidades actuales del gobierno permitan dar cumplimiento a las metas que se han estipulado en este ambicioso tratado.