Por Guillermo Ortega Rancé, Karen Kovacs y Daniel Daou
El 29 de abril publicamos en las páginas de El Financiero un primer artículo en el que expusimos cómo las consecuencias del cambio climático están rápidamente convirtiéndose en un riesgo prioritario para la seguridad nacional de países en todo el mundo.
En esta década empezaremos a experimentar lo que el periodista David Wallace-Wells llama “elementos del caos” en su libro The Uninhabitable Earth (La Tierra Inhabitable), término con el que se refiere a las consecuencias del cambio climático como: olas de calor, hambre, inundaciones, incendios, eventos meteorológicos extremos, escasez de agua potable y enfermedades, entre otros.
La sequía histórica a la que se ha enfrentado nuestro país este año, que tiene consecuencias como incremento en incendios forestales, pérdida de producción agrícola y ganadera, y reducción de las reservas de agua potable, da una idea de hacia dónde nos dirigimos.
Los enormes riesgos que estos elementos del caos imponen a la integridad de todos los países vuelven obligatoria la pregunta: ¿Qué está haciendo México para prepararse?
La estrategia del gobierno federal en términos de cambio climático ha perdido impulso con los cambios de liderazgo en Semarnat, el retraso en la publicación del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2020-2024 y la restricción de presupuesto en el ramo que se ha reducido de forma acumulada en más de una tercera parte entre 2018 y 2021.
A pesar de ello, hay servidores públicos y actores de la sociedad civil que continúan trabajando para diseñar políticas y emprender iniciativas que inciden en algunos ámbitos más acotados.
Uno de los frentes críticos en la adaptación climática es la preparación de las ciudades para que resistan y se recuperen ágilmente de eventos destructivos. La ONU incluyó en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible uno que se refiere a incrementar la resiliencia o capacidad adaptativa de las ciudades.
En 2018 cerca del 75 por ciento de la población de nuestro país vivía en alguna de las 401 ciudades identificadas por el Sistema Urbano Nacional monitoreado por el Conapo y esta proporción sigue creciendo, por lo que las ciudades no sólo son un foco crítico de atención, sino que son un punto estratégico al ser los centros desde donde se marca la pauta.
Para entender cómo está México en el frente de las ciudades resilientes realizamos entrevistas separadas a Elena Tudela, cofundadora de la Oficina de Resiliencia Urbana (ORU), agencia privada referente en México por proyectos de diseño urbano y ambiental; y a representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
A partir de estas conversaciones pudimos distinguir tres ámbitos en los que se están realizando acciones para preparar a las ciudades para las consecuencias del cambio climático: Uno, análisis de vulnerabilidades y riesgos; dos, ordenamiento territorial, y tres, mejoramiento urbano.
En el primer ámbito, aunque el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) propuso una metodología de análisis en el Atlas Nacional de Vulnerabilidades del Cambio Climático, dada la diversidad geográfica y climática de México, corresponde a cada ciudad analizar los riesgos propios de su contexto para tomar medidas.
En una primera instancia, los institutos municipales y metropolitanos de planeación (Implanes) están jugando un papel fundamental en estos análisis. Algunas van más allá, como la CDMX que instaló el año pasado un Consejo de Resiliencia con atribuciones de gestión de riesgos.
Dadas las restricciones en presupuestos a nivel estatal y municipal que se han ido incrementando en los últimos años, también ha sido importante la ayuda externa. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) han financiado estudios e iniciativas de análisis local; y la Fundación Rockefeller brindó apoyo en 2017 a varias ciudades mexicanas a través de su programa 100RC (100 Ciudades Resilientes).
En el segundo ámbito, el de la planeación del territorio, la Sedatu publicó este año la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial con una visión hasta el año 2040. Entre los aspectos positivos para la adaptación climática, esta estrategia armoniza el ordenamiento urbano con el ecológico y con el contexto geográfico. Un ejemplo práctico es el estado de Tabasco en donde los municipios hasta ahora se desarrollaban sin considerar su situación como cuenca y ahora estarán obligados a evaluar los riesgos de su geografía, como son inundaciones o deslaves, y adaptar los asentamientos urbanos a esos riesgos.
El reto en el corto plazo estará en trasladar esta estrategia, desde el ámbito federal a los programas estatales y municipales de ordenamiento territorial, para que todo lo que se construya a partir de ahora cumpla con esta visión de adaptación.
Esto nos lleva al último ámbito, que se refiere a cómo mejorar lo que ya está construido para incrementar su capacidad adaptativa respecto a los cambios medioambientales que devienen de la crisis climática.
La Sedatu considera su Plan de Mejoramiento Urbano uno de sus programas estrella. A través de él, el gobierno federal realiza directamente obras púbicas en ciudades que pueden incluir calles, drenaje, plazas, parques u otros equipamientos urbanos. Según lo que nos comentaron los representantes de la dependencia a los que entrevistamos, entre estas intervenciones está la construcción de espacios urbanos planeados para funcionar aun cuando haya inundaciones y de muros de contención para proteger a los asentamientos de las crecidas de ríos y mares.
La percepción de los entrevistados es que se está haciendo lo que se puede con los recursos disponibles, pero que sin duda hay mucho más que se podría hacer dado lo que está en riesgo.
Seguiremos explorando otros frentes de la adaptación de México a las consecuencias del cambio climático –gestión del agua, seguridad alimentaria, protección de la biodiversidad, salud, prevención de desastres– para compartirlas más adelante en las páginas de El Financiero.