En 2019, gracias al impulso del Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que los integran, se había logrado una importante reforma al sistema de ahorro para el retiro.
Las organizaciones empresariales pusieron al trabajador en el centro de la reforma, incluso por encima del presupuesto federal. Quedaban atrás las reformas -propuestas principalmente por el estado- que anteponían las futuras finanzas públicas a la economía de las familias de los trabajadores mexicanos.
Con la propuesta, se disminuyeron a partir del año 2020 los requisitos de jubilación de 1,250 semanas de antigüedad a 750, para llegar finalmente a 1,000; beneficiando con ello a un gran número de trabajadores mexicanos. También se distribuyó la cuota social que aporta el gobierno al SAR para aquellos que menos ganan. Los empresarios propusieron elevar su contribución sin aumentar la del trabajador hasta 6.5% y luego hasta el 15% después del 2020.
Ciertamente, esta reforma es el camino correcto, pero se dejaron fuera algunas propuestas planteadas que sólo quedaron documentadas como: aportaciones obligatorias de trabajadores independientes; beneficios sin costo fiscal de implementación con sistemas de recaudación actuales y que beneficiarían al menos a doce millones de personas; y reconocimiento de diferencias por género para reducir la brecha entre hombres y mujeres, dando así a la mujer mejores condiciones.
El ahorro voluntario con opciones dentro de las empresas ya existe, igual que los esquemas de recaudación. Tan sólo se requería implementar opciones de salida para salarios mayores y opciones de entrada para salarios menores.
En algunos países se obliga a la aportación de seguridad social a los trabajadores independientes, en México existen ya los mecanismos de captación que podrían hacer realidad esta sana política pública, incorporando las nuevas relaciones laborales.
En cuanto al Presupuesto que se propone aprobar para 2022 hay una serie de costos asociados a pensiones que en esta administración se han encarecido de forma desmedida, al menos en las empresas estratégicas de energía del Estado: CFE y PEMEX. Para 2022, CFE tendrá un impacto de 80 mil millones de pesos en sus finanzas, además de los cerca de 48 mil millones de pesos de costo pensionario corriente. En cuanto a PEMEX, el costo de pensiones para 2022 es de alrededor de 64.5 mil millones de pesos, de un presupuesto de 636 mil millones. Yo me pregunto ¿qué empresa aguanta un pago corriente de pensiones del 10% de su presupuesto? Siendo empresas públicas, ¿no es un crimen de Estado contra la economía del pueblo que es finalmente quien aporta los recursos?
No podemos pensar en una bonanza para las familias de estas empresas del Estado, con una carencia de dinero del Estado y pensiones desproporcionalmente menores a la de todos los demás mexicanos.