Las reformas fiscales que, en su mayoría, entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2022, se presentaron junto con un paquete económico que no incorpora nuevos impuestos y no incrementa los ya existentes, pero busca acrecentar la capacidad regulatoria y de fiscalización de la autoridad fiscal.
Este escenario queda claro cuando observamos las modificaciones a diversas disposiciones legales, donde las autoridades presentan nuevos supuestos para la suspensión o cancelación de los certificados para la emisión de CFDI, incluso para aquellos casos en donde se tramitará un nuevo certificado.
Además, se establecen nuevos supuestos de responsabilidad solidaria en el caso de adquisición de negociaciones, con lo que las autoridades fiscales se están allegando de nuevas herramientas para asegurar el pago de impuestos por los contribuyentes o por quienes están vinculados con ellos en la celebración de estas operaciones.
Otro elemento que permite constatar el ánimo de fiscalización de esta reforma se relaciona con la nueva facultad de las autoridades fiscales para considerar como simulación, únicamente para efectos fiscales, las operaciones celebradas entre partes relacionadas. Para ello, la autoridad deberá identificar el acto simulado y el realmente celebrado; cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación y señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, incluyendo la intención de simular el acto.
Asimismo, se hace evidente el ánimo recaudador de esta reforma cuando se observa la suspensión de algunas deducciones o la limitación de otras. Por ejemplo, las empresas maquiladoras no podrán documentar el cumplimiento de las obligaciones en materia de precios de transferencia mediante los Acuerdos Anticipados de Precios (APA) y el único mecanismo válido para calcular el ISR será el conocido aviso de safe harbor. En este sentido, podría dejar de ser atractivo el régimen de maquiladora.
Sobre las operaciones de fusiones y escisiones, cuando la autoridad fiscal detecte que estas carecen de razón de negocios o se advierta el incumplimiento de cualquiera de los requisitos aplicables, se considerará enajenación. Así, la ganancia derivada de esta operación resultará ser ingreso.
México es pionero en establecer políticas para incrementar la recaudación y combatir la evasión fiscal pero, sin duda, 2022 pondrá a prueba la capacidad de las empresas para cumplir con todas las nuevas regulaciones en un país que tendrá que luchar aún más por no perder competitividad y por continuar siendo atractivo para la inversión. Además, será fundamental que las empresas dispongan de la tecnología necesaria para cumplir con todos los requerimientos de la autoridad en tiempo y forma, recordemos que se espera un mayor número de auditorías.