Saúl Gómez, vocero de Ni Un Repartidor Menos
La iniciativa del gobierno de la ciudad de México para gravar con 2 por ciento a las plataformas electrónicas de reparto a domicilio es un grave error que va en contra de los principios que supuestamente abandera la administración de Claudia Sheinbaum: innovación y progresismo con derechos plenos para incentivar la actividad económica, el trabajo y el desarrollo.
Los repartidores salimos todos los días a las calles para llevar comida, productos y otros servicios a hogares y oficinas. Somos los que, en bicicleta, moto y otros medios de transporte, arriesgamos nuestras vidas por sus pedidos. Ahora, no contentos con la falta de infraestructura y seguridad vial, el Gobierno de Claudia Sheinbaum plantea aplicarnos un impuesto por el uso del ESPACIO PÚBLICO, por llevar a cabo un trabajo honesto que ha beneficiado a miles de restaurantes, comercios familiares y que incluso, ha evitado mayores contagios y fallecimientos durante la pandemia. Que no haya duda, somos quienes hemos sostenido la industria restaurantera en los peores momentos de la contingencia sanitaria.
Lo peor de todo es que esta política recaudatoria ni siquiera está destinada al mejoramiento de la infraestructura urbana por cuyo uso nos quieren cobrar derechos a los repartidores inscritos en las apps de “delivery”, sino que lamentablemente se dirigirá a objetivos político-electorales. Queremos recordarle a nuestras autoridades que previo a la llegada de esta administración existía un Fondo Metropolitano de Transporte cuyos recursos se canalizaban a mejoras viales y de infraestructura. A partir de decisiones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el Secretario Andrés Lajous, con el pretexto de que antes existía poca transparencia y supuesta corrupción, esos fondos se utilizan políticamente para ¡sustituir taxis y ganar clientela electoral! Lo paradójico del asunto es que, así como hay taxis concesionados y regulados que agreden a los operadores de plataformas electrónicas de transporte privado, ese dinero acaba en los bolsillos de grupos y líderes de taxistas.
¡Los repartidores también votamos, no lo olviden! ¿Por qué pagar derechos si los recursos no se usan para pavimentar calles? Pareciera que quieren encontrar la gallina de los huevos de oro en una industria en la que 56 compañeros han perdido la vida y miles de ellos estamos listos para seguir trabajando con o sin pandemia.
El espacio urbano es público y los repartidores trabajamos honradamente y sin estorbar. Como dice el dicho: si no nos dan no nos quiten. Contribuimos con nuestra labor a mantener la economía funcionando. Hemos sido vitales para que pequeños negocios de comida no hayan quebrado durante el confinamiento. El nuevo gravamen sataniza el comercio electrónico y su cobro se presta a la corrupción.
Esta visión trae consecuencias perniciosas adicionales para los usuarios, que absorberán parte de ese 2 por ciento junto con los trabajadores. Y si viene otra reducción de actividades por la aparición de una 4ª ola de contagios de Covid, se estará atentando contra una alternativa de sobrevivencia, tanto para personas como para empresas ¿Quieren “romper” el comercio electrónico en la ciudad de México?
¡Ya basta que nos vean con signo de pesos en la cabeza! Hacemos un llamado a la Jefa de Gobierno y al Congreso de la Ciudad de México a rectificar esta medida que únicamente afectará a quienes más les hemos ayudado durante esta crisis sanitaria.