Comisionada del INAI
Las sociedades contemporáneas se caracterizan por contar con una gran cantidad de recursos para acceder a información proveniente de diversas fuentes. Esta riqueza informativa posibilita el consumo de contenidos y la libre expresión de ideas en espacios públicos. Sin embargo, estas libertades informativas también pueden derivar en desinformación, es decir, la difusión de contenidos falsos, inexactos o descontextualizados cuya finalidad es engañar a los consumidores.
La desinformación nace de la alteración de la realidad y hace referencia tanto al contenido fraudulento como al engañoso, abarca también los discursos de odio y los errores informativos no deliberados (Rodríguez, 2019). En el último lustro, la desinformación se popularizó en los espacios sociales a través de las noticias falsas o “fake news”: contenidos fabricados intencionalmente para timar a las personas. Debido a que la sociedad se encuentra conectada en redes, el flujo de las falacias es mayor que con anteriores formas comunicativas.
En la actualidad, en más de 120 países se encuentra reconocido el derecho que tiene la sociedad a estar informada. Esto comprende la libertad para buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, siempre y cuando su ejercicio no dañe derechos de terceros. Gracias al desarrollo de las tecnologías de la información de las últimas tres décadas, estas libertades se amplificaron. Cada segundo, se difunden en espacios públicos millones de contenidos que son producidos por instituciones, grupos sociales, medios de comunicación, usuarios, etcétera.
¿Qué papel juega la desinformación en la sociedad? ¿cuál es el estado en que se encuentra el derecho a la información ante la desinformación? En primer lugar, debemos reconocer que la relación entre nuevas tecnologías y las libertades informativas han generado nuevos espacios para la discusión de lo público y lo no público. Un ejemplo son las redes sociales o los nuevos sistemas de entretenimiento en línea. En segundo lugar, la desinformación si bien ha estado presente a lo largo de la historia humana, hoy como nunca, es más recurrente la falsificación de hechos. Alterar información escrita en tinta sobre un trozo de papel es más difícil que editar un contenido digital.
Durante la pandemia la desinformación encontró un nicho de explotación en el conocimiento científico. Tratar de entender desde el conocimiento una nueva enfermedad es más complejo que entenderla desde una creencia. Millones de personas fueron víctimas de mentiras sobre el contenido de las vacunas, remedios caseros como cura milagrosa o la propagación del virus por las antenas de tecnología 5G. A lo largo del mundo y en el propio INAI, surgieron esfuerzos para combatir por diversos medios el fenómeno de la desinformación, que también se le ha llamado “infodemia”.
Por ello, desde la Máxima Casa de la Transparencia, hemos emitido recomendaciones que pueden ayudar a validar información de cualquier índole: antes de difundirla, publicarla o compartirla, se deben cerciorar las fuentes oficiales de información. Verificar que lo que se comparte provenga de fuentes confiables. No compartir cadenas de texto o audios de personas o instancias que no conozcas o que no cuenten con el prestigio informativo.
El derecho a la información obliga a los Estados a garantizar el conocimiento de lo público y otorga a las personas la libertad para informarse. Sin embargo, la desinformación daña el derecho a la información al convertirse en un obstáculo para informarse de lo que ocurre en su entorno sin sesgos. Las personas engañadas al participar en espacios comunicativos es posible que reproduzcan las mentiras y en el peor de los casos se conduzcan en la vida con base en ellas.
Es importante combatir la desinformación con conocimiento y evidencia empírica. Aspiremos a una sociedad informada y a una participación pública con racionalidad comunicativa.