William C. Dudley, investigador en la Universidad de Princeton
Este año podría ser muy difícil para los países de bajos ingresos y de mercados emergentes que han sido grandes prestatarios en el mercado de deuda soberana. Es prácticamente inevitable que se libre una serie de crisis concentradas en estos países.
A medida que la Reserva Federal comience a endurecer la política monetaria, los costos del financiamiento aumentarán y habrá menos disponibilidad de crédito ya que las tasas de interés más altas reducen el incentivo para los inversionistas ante el tipo de rendimiento que ofrecen estos países. El espacio fiscal también será limitado porque es probable que sus recuperaciones económicas vayan rezagadas en comparación con las economías avanzadas debido a un progreso más lento en las campañas de vacunación contra el Covid-19. El fin de la moratoria prevista por la Iniciativa de suspensión del servicio de la deuda —implementada por el G20 junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial— elevará los requisitos del servicio de la deuda.
¿Qué se puede hacer para mitigar la crisis que se avecina? Ayudaría más apoyo de las instituciones oficiales y del G20. Pero eso podría simplemente posponer la “hora de la verdad” y subordinar aún más las solicitudes de los prestamistas privados. Lo que se necesita no es solo una mayor asistencia del sector oficial, sino también una reforma de gran alcance para que el régimen de la deuda soberana sea más robusto y resistente a acontecimientos económicos mundiales adversos.
Lograr una mayor transparencia en el mercado de la deuda soberana es un punto importante de inicio.
La falta de transparencia debilita el régimen de la deuda soberana de varias maneras. Primero, porque es difícil determinar el agregado de la deuda pendiente, su composición y estructura de vencimiento; también es difícil evaluar la solvencia del deudor soberano y su capacidad para pagar su deuda cuando el entorno económico empeora.
En segundo lugar, dificulta la reestructuración de la deuda de manera oportuna, es decir, antes de que la perspectiva de un incumplimiento lleve a un cese total de los préstamos y la fuga de capitales. No saber qué otras obligaciones están pendientes y en qué términos hace que sea imposible para los prestamistas definir qué tipo de recorte y de reprogramación se necesitará para asegurar que la carga de la deuda pueda sostenerse.
En tercer lugar, la falta de transparencia aumenta el riesgo crediticio. Si un prestamista actual o potencial no sabe cuánta más deuda hay pendiente y en qué términos, ¿cómo puede determinar razonablemente si un nuevo préstamo es solvente? Esto conduce a costos crediticios más altos con el tiempo, ya que los prestamistas consideran el riesgo de que la carga de la deuda sea considerablemente más alta o esté en términos más onerosos que su valoración.
A mi modo de ver, debe haber un esfuerzo sostenido por parte del sector oficial y privado hacia un régimen de transparencia. Esto no solo incluiría una contabilidad detallada de los términos y condiciones de las obligaciones de deuda de los prestatarios soberanos, sino también transparencia procesal en la que los esfuerzos de reestructuración involucrarían al sector privado, en una etapa temprana, trabajando en conjunto con las instituciones crediticias oficiales.
La revelación generalmente no ocurre porque no se considera que sea de interés para el banco o el prestatario. Aunque a cada banco le gustaría saber cuál es la posición de los demás para evaluar la capacidad del prestatario, ese banco aún tiene un incentivo financiero para seguir ocultando sus cartas a otros posibles prestamistas y competidores.
Hay varias maneras de fomentar un mayor nivel de revelaciones. Por ejemplo, el FMI y el Banco Mundial podrían condicionar el acceso a la financiación a una revelación satisfactoria. O las empresas de calificación crediticia podrían tener en cuenta explícitamente la revelación y la transparencia en sus decisiones, y la transparencia conduciría a calificaciones más altas.
Otro cambio necesario es una mayor transparencia procesal sobre cómo se incluye al sector privado en el proceso de reestructuración de la deuda. Esto debe darse en una etapa mucho más temprana y de una manera más transparente y completa. Históricamente, la reestructuración de la deuda soberana se ha llevado a cabo principalmente entre los prestamistas oficiales y el prestatario soberano, presentando a los prestamistas privados al final del proceso un hecho consumado. Esto no solo genera desconfianza y menos compromiso, sino que ralentiza el proceso de reestructuración y conduce a resultados inferiores. El punto es que las soluciones en cooperación pueden conducir a mejores resultados que las puramente competitivas. Pero para lograrlo, el sector privado debe involucrarse más en el proceso de reestructuración.
Ahora es el momento de implementar una agenda de transparencia global antes de que la próxima ola de incumplimientos amenace con otra crisis de la deuda.