Por Sergio Chagoya*, Doctor en Derecho y Socio de Santamarina y Steta.
La reciente decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de refinanciar sus grandes deudas con proveedores y contratistas, que tengan legítimos reclamos superiores a los 5 millones de dólares documentados en facturas, a primera vista parece una decisión estratégica que puede beneficiar a la empresa productiva del Estado mexicano al “reordenar” sus abultados pasivos, así como a todos los participantes en el esquema, en aras de darle una posible salida o alternativa a un buen porcentaje de empresas que no tienen liquidez por mora o de plano falta de pago por parte de la petrolera.
En efecto, la firma del “Acuerdo de Reconocimiento y Repago de Obligaciones entre Pemex y los proveedores y contratistas”, como se ha denominado a este esquema de desahogo de añejos compromisos económicos en el Comunicado nacional No. 32, tiene que analizarse desde una perspectiva de fondo. En lo general, esta determinación de entregar bonos bursátiles emitidos por la empresa controladora, parece positiva para el país, al ser Pemex, como grupo empresarial y agente económico, un jugador con enorme peso en la economía nacional, cuyo objetivo es obtener ingresos para el Estado Mexicano que contribuyan al desarrollo de largo plazo de nuestra Nación, maximizando la renta petrolera, generando valor económico y rentabilidad, en términos del artículo 27 constitucional y el artículo 4º de la Ley de Petróleos Mexicanos. De tal suerte que concederle un mayor plazo para liquidar obligaciones de pago y al mismo tiempo, reconocer ciertas deudas a cargo de sus distintas empresas productivas filiales, debe permitirle a nuestro Estado un manejo eficiente de las áreas estratégicas en materia de hidrocarburos, conforme lo establece el artículo 28 de nuestra Ley Fundamental; pareciera una medida adecuada dentro del amplio conjunto que se requieren, para solucionar la complicada situación financiera de nuestras empresas productivas del Estado en el ramo de hidrocarburos.
Sin embargo, el beneficio de la duda se impone, porque en esta administración federal se han tomado decisiones erróneas en el manejo, inversiones y estrategia general de Pemex, las cuales han sido señaladas por diversos expertos de la industria, inversionistas y acreedores, así como varias de las agencias calificadoras internacionales, que monitorean el desempeño de nuestra empresa productiva mexicana. Aunque se reconoce que la gran carga financiera y amplio endeudamiento, no es exclusiva responsabilidad de la actual administración, sino que obedece a muchos años de ineficiente administración, los funcionarios públicos en turno son los encargados de enfrentar y solventar la situación financiera actual de Pemex.
El refinanciamiento consiste en que los proveedores podrán adherirse al Acuerdo para que de esta forma sean reconocidas las obligaciones y el pago de facturas elegibles por parte de Pemex, con vencimiento al pasado 31 de mayo de 2022, lo que implica el intercambio de las simples facturas comerciales por notas globales, con un cupón de 8.75% y vencimiento en el año 2029 que puede resultar atractivo para las instituciones financieras en un proceso de re-mercadeo sujeto a ciertas legislaciones y regulaciones bursátiles de los Estados Unidos de América y la Unión Europea.
En otras palabras, todos ganan. Pemex, porque extiende su plazo de pago hasta 2029 y emplea mecanismos bursátiles, bajo normativas extranjeras estrictas, que son reconocidas y aceptados por los mercados y grandes inversionistas; las empresas contratistas, ya que su nuevo deudor es Pemex como controladora, quien tiene mayores activos y patrimonio que sus subsidiarias y filiales, y de pretender liquidez, pueden acudir las instituciones financieras para monetizar las notas globales. De refilón, a las empresas subsidiarias y afiliadas de Pemex se les libera de pasivo con terceros.
Obviamente lo que hace este mecanismo es dar mayor plazo al deudor, Pemex, gracias a títulos que se cotizan en los mercados internacionales de valores.
A pesar de todo, hay dudas y ya empezaron las críticas de los expertos que no ven con buenos ojos la extensión del plazo de pago por 7 años más, en deudas corrientes que deberían ser saldadas casi de inmediato; síntoma de la descomposición en el manejo de las deudas de Pemex que hasta el momento ascienden a US$13 mil 500 millones, moneda de curso legal en los Estados Unidos, y contando, según reportó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el primer trimestre del año.
Con el “Acuerdo de Reconocimiento y Repago de Obligaciones entre Pemex y los proveedores y contratistas” no se termina esta pesada losa, pero representa liberar -hasta cierto punto- pagos por dos mil millones de dólares y eso es mejor que nada y seguir en la misma situación. Además, demuestra voluntad de pago con un compromiso más elevado con proveedores y contratistas al expedir las notas globales no garantizadas, pero al fin y al cabo mejores que las facturas. Sin perjuicio de ello, los resultados de dicho Acuerdo tampoco han sido los esperados ya que no se alcanzó el monto objetivo antes indicado, sino que se lograron intercambiar mil quinientos millones de dólares, con una tasa aún más elevada de 9.25%
Con lo anterior, se demuestra que para recuperar la confianza de los acreedores actuales y de futuros inversionistas, Pemex debe atender a los distintos señalamientos sobre sus estrategias y operaciones que han venido formulado expertos financieros y de la industria petrolera, de tal manera que con los necesarios cambios en las mismas, dicho grupo empresarial productivo del Estado Mexicano pueda dar cabal cumplimiento a los mandatos y deberes impuestos en la Constitución y su legislación especializada.
*SYS Abogados
*Experto en inversiones y asesoramiento de empresas en materias corporativa y regulatoria.