Las negociaciones entre México y su vecino del norte, Estados Unidos, siempre han estado caracterizadas por una falta de entendimiento en una primera instancia; no ha sido, hasta un cúmulo de rondas de negociaciones posteriores, que ambos países pueden establecer convenios a mediano o largo plazos. Esta ha sido la historia de las negociaciones comerciales entre ambas naciones y en el presente, no se ha presentado una excepción a la regla.
Sin embargo, a últimas fechas pareciera que la cuerda que une los esfuerzos entre las dos delegaciones diplomáticas y económicas se ha estirado profundamente, despertando incertidumbre en los empresarios de este sector, en ambos lados de la frontera. El país de las barras y las estrellas ha solicitado a México abrir consultas al amparo del TMEC para tratar de acercar posturas sobre sus políticas energéticas divergentes. Lo que evidencia la falta de entendimiento entre ambos equipos en las reuniones anteriores a este anuncio.
¿Cuál es el problema en esencia?
Para los estadounidenses, el gobierno de López Obrador no ha respetado el acuerdo firmado a finales del 2013, impulsado por su predecesor, el cual permitía el desarrollo de la inversión privada en el sector energético. Esa iniciativa establecía que las primeras en despachar a la red de electricidad eran las centrales más baratas, generalmente plantas renovables privadas. Por otra parte, en el sector de los hidrocarburos, la Secretaría de Energía puso en marcha en junio una nueva política para obligar a los usuarios de gas natural a comprarle a CFE y Pemex estos insumos.
Ahora bien, para defender la legalidad de los cambios, López Obrador, en numerosas ocasiones, ha referido que el sector energético no está incluido en el TMEC porque el capítulo 8 confirma la facultad de México de reformar su Constitución y el dominio directo sobre sus hidrocarburos.
Este apartado fue añadido en la recta final de la negociación del TMEC, a petición expresa de López Obrador.
El problema y el motivo de la disputa es que ni los Estados Unidos de América, ni los expertos legales en la materia, han estado de acuerdo con esta interpretación, ya que el capítulo en cuestión no hace referencia al sector eléctrico y no excluye a los hidrocarburos de las cláusulas de protección de inversiones de la forma en que fue redactado. Según los vecinos del norte, los cambios violan cinco artículos del TMEC que establecen, entre otras cosas, un tratamiento idéntico para inversionistas estadounidenses y mexicanos, el ejercicio de una actividad regulatoria imparcial y la administración de leyes de una manera responsable.
Aunado a lo anterior, el gobierno de Canadá ha entrado en la ecuación y exige exactamente se cumplan estas demandas, en su caso. Es decir, ambos países exigen certidumbre en sus inversiones y en sus futuros negocios en el sector.
A lo anterior, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, mencionó que: “Lo que Estados Unidos hizo fue comunicar que lo que le estaba solicitando a México era una consulta en el tema energético […] Ahorita Estados Unidos está diciendo ‘me duele esto, te pido entremos en una consulta para revisarlo y ver si encontramos en estos 75 días, una solución de interpretación con respecto a estos temas’”.
Pero, si los dos países no pueden llegar a un acuerdo después de 75 días de conversaciones, Estados Unidos podrá solicitar la intervención de un panel de resolución de disputas en virtud del TMEC.
La Secretaría de Economía dijo que esta es la cuarta ocasión en la que un miembro del TMEC solicita la aplicación del mecanismo de consulta.
Lo que está en juego para Estados Unidos es la viabilidad de sus intereses económicos en el sector energético mexicano, ya que de prolongarse el asunto está claro que sus inversiones podrían verse sustancialmente disminuidas. El problema para Joe Biden se ubica en su poco poder de viabilidad política al interior de su país, y con una elección en puerta le urge consolidar una estrategia atractiva para sus futuros electores, impulsada desde el seno empresarial. Mientras tanto, para México el embate de su principal socio comercial debería ser motivo de un profundo análisis para tratar de repensar la viabilidad en términos económicos de su estrategia de fortalecer la suficiencia energética si lo que se quiere es no caer en un incremento arancelario de una de las principales economías del mundo.