En marzo de 2019 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Dentro de las disposiciones que se modificaron se encuentra el artículo 21 de dicho ordenamiento, en el que se dispuso que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de los tres niveles de gobierno, es decir, federal, local y municipal, que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que indica la propia Constitución y que las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Adicionalmente, en el citado precepto constitucional se estableció el carácter civil, además de diciplinado y profesional, de dichas instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional. Esto quiere decir que estas corporaciones deben regirse por instituciones jurídicas y autoridades civiles, propias de una corporación de seguridad pública y su personal no puede pertenecer o encuadrarse como parte de las Fuerzas Armadas, esto es porque, a pesar de que son funciones afines, cada una de ellas tiene sus propios protocolos y procedimientos de actuación y de interacción con la ciudadanía. Mientras la primera cumple funciones de seguridad ciudadana, es decir, de la protección a los ciudadanos de diversos hechos, no solamente delictivos, sino que también cumple tareas de prevención y hasta mediación de conflictos que no tienen que ver con la criminalidad; la segunda cumple con funciones de seguridad nacional, es decir, de enfrentar a aquellos agentes que ponen en riesgo o amenazan al Estado.
Aun así, debido a que una institución como la Guardia Nacional no se puede crear e integrar de la nada y el personal adscrito a la que, en su momento fue la Policía Federal, no era suficiente, se estableció en el régimen transitorio de esta reforma constitucional que dicha corporación se constituiría adicionalmente con la asignación de elementos de la Policía Militar y la Policía Naval, estableciendo un periodo de cinco años a partir de la reforma en comento, para que en tanto se desarrolla una estructura propia, con capacidades adecuadas y suficiente en cobertura para dicha corporación, de acuerdo a las normas de ingreso, educación, capacitación y profesionalización que se establezcan, el Presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Esta disposición dio paso a la militarización de facto de la Guardia Nacional, debido a que desde el personal de mando hasta el operativo de dicha corporación se encuentra compuesto en su mayoría por elementos militares adscritos a la misma. La militarización de la seguridad pública pretendía dar una respuesta práctica y operativa frente a los altos índices de inseguridad que vive nuestro país, combatir el crimen organizado y restituir el orden público.
Esta apuesta del Estado mexicano no ha rendido los frutos esperados, puesto que no se ha logrado el objetivo de ingresar los suficientes activos para lograr cuadros civiles que ensanchen la participación de la sociedad civil en dicha institución, lo que dificulta el objetivo de un posible relevo de los activos militares adscritos a ella. Pero tal vez el riesgo mayor radica en la formación o capacitación y la interacción que estos cuerpos militarizados tienen con la ciudadanía, que no corresponden con los que son propios de elementos de seguridad pública. Esto parece nimio, pero no lo es. Se corren riesgos importantes para el Estado mexicano y para la ciudadanía, debido a que la actuación de estos cuerpos puede materializarse en el incremento de transgresiones de derechos humanos y actos de impunidad, que a la larga estarían afectando la imagen de una de las pocas instituciones gubernamentales que aun gozan de algún prestigio y reconocimiento por parte de la sociedad, como es el caso de nuestras Fuerzas Armadas.
Las declaraciones que hace unos días fueron pronunciadas por el titular del Ejecutivo federal, en el sentido de incardinar, operativa y administrativamente a la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante un acuerdo administrativo, permiten implicar la intención de materializar de iure, la militarización de dicha corporación, desnaturalizando su función de seguridad pública y violentando lo previsto en el texto del mencionado artículo 21 constitucional.
Con independencia de lo anterior, tanto usted como yo podríamos coincidir en que, si con esta medida existieran posibilidades de mejorar las condiciones de seguridad y de orden público, así como disminuir la violencia y el número de victimas y desaparecidos que, dicho sea de paso, han excedido las cifras de otras administraciones, tal vez no tendríamos tantas reticencias. Sin embargo, el hecho de que se ponga en blanco y negro algo que de facto ya operaba de esa manera, no garantiza ni promete que las cosas vayan a cambiar, sería como pensar que se puede modificar la realidad por decreto. Más aún, al ser una propuesta que claramente va en contra del texto constitucional, lo único que hace es mermar aun más lo que queda de Estado de derecho en nuestro país, alimentando desde la propia cúpula presidencial la impunidad y el desprecio por nuestra Constitución y sus leyes, cualquiera que sea la razón que esgrima para ello.
Es evidente que algo en las políticas de seguridad nacional y de seguridad pública no está funcionando, pero no desde esta administración, llevamos muchos años con esta deficiencia, estamos viviendo con índices de violencia y de inseguridad que no tienen precedentes. Lo acontecido hace unos días en lugares como Guanajuato, Irapuato, Jalisco y Saltillo nos dan una muestra de ello. La militarización de iure de los cuerpos de seguridad pública no garantiza que las cosas puedan mejorar, de hecho, no las ha mejorado, ni las mejorará. Ojalá me equivoque.
